jueves, 29 de diciembre de 2011
martes, 27 de diciembre de 2011
Ley de prestaciones sanitarias básicas: ¿qué se pretende?
Marciano Sánchez Bayle - Actualizado 24 Diciembre 2011 - 10:30 h.
En el discurso del ya presidente de Gobierno se planteaba como una de las soluciones para la Sanidad la elaboración de una Ley de Servicios Básicos que asegurase una “cartera básica de servicios para todos los ciudadanos”. Esta propuesta plantea algunos interrogantes sobre los que conviene reflexionar.
El primero es si se necesita una nueva ley para fijar la cartera básica de servicios, y desde luego parece que no es preciso. La ordenación de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud esta fijada en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS aprobada en 2003, durante uno de los gobiernos del PP, y posteriormente desarrollada en 2006 mediante el RD1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización, que como indica su propio nombre establece los mecanismos para la inclusión y/o exclusión de prestaciones en la cartera de servicios mediante una evaluación de las mismas cuyo resultado luego debe ser sometido al Consejo Interterritorial del SNS (donde están todas las comunidades autónomas) cuyo acuerdo previo es imprescindible. Los criterios de inclusión son contribuir de una manera eficaz a la salud, aportar mejoras a las alternativas existentes y cumplir con la legislación vigente. Resulta por lo tanto difícil de entender que sea precisa una Ley para cambiar las prestaciones, salvo claro esta que se pretenda excluir a algunas de las mismas sin que existan criterios sanitarios para hacerlo, es decir que estos sean de índole exclusivamente económica.
El segundo es si la intención de esta Ley es conseguir que el catalogo de prestaciones sea realmente común a todas las comunidades autónomas y, sobre todo, si se quiere asegurar su cumplimiento generalizado, especialmente en lo que respecta al acceso a las prestaciones de ciudadanos en comunidades autónomas distintas a la de la de su residencia habitual que como se ha visto en este último año esta teniendo serios problemas. Este aspecto tampoco esta claro que precise una nueva Ley, porque precisamente la Ley de Cohesión que ya se ha mencionado señalaba en su articulo 4 apartado c, que uno de los derechos de los ciudadanos es “recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado, la asistencia sanitaria del catalogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma”, que también vuelve a reconocerse en el articulo 23 (Garantía de accesibilidad), lo que evidente se ha vulnerado en los casos conocidos de desatención u obstáculos para la misma en varias comunidades autónomas.
La misma Ley de Cohesión señala que la Alta Inspección es la que tiene la función de servir de garantía y verificación del cumplimiento de las competencias estatales y de las comunidades autónomas en materia de sanidad y de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud (articulo 76), si bien es cierto que no establece mecanismos claros para su actuación en el caso de que se objetiven incumplimientos, mas allá del requerimiento a los organismos de las comunidades autónomas, y es obvio que en los últimos casos conocidos se ha demostrado poca actividad y/o poca eficacia en la misma.
El tercer interrogante tiene que ver con la aseveración de que esta ley servirá para asegurar la financiación de los recursos necesarios para garantizar su prestación, porque obviamente no esta demasiado claro lo que quiere decir, si se refiere a la necesidad de garantizar una financiación suficiente de las comunidades autónomas a la Sanidad, es evidente que se esta abordando una de las claves del problema de nuestro Sistema Nacional de Salud, y es el hecho de que cada una de las comunidades autónomas decide, dentro de sus recursos, la cantidad de dinero que destina a la Sanidad y de ello se derivan diferencias muy notables en el presupuesto (hasta 555 euros/habitante y año en 2011) que obviamente dificultan el acceso a las mismas prestaciones y/o generan un endeudamiento inevitable. Por supuesto seria un paso positivo el que se garantizase una financiación mínima para la Sanidad en todas las comunidades autónomas, pero ello tampoco necesita de una Ley especifica porque bastaría con incorporarlo a la ley de presupuestos modificando el acuerdo sobre financiación de las comunidades autónomas.
Por todo lo expuesto no esta nada clara la necesidad de esta Ley, aunque tampoco hay ningún inconveniente en que se haga, siempre y cuando en ella se garanticen:
1) El catalogo de prestaciones actual y los mecanismos de exclusión/inclusión de prestaciones en el mismo, y no se aproveche para disminuirlas por motivos puramente economicistas
2) Un sistema que garantice la accesibilidad a las prestaciones del SNS a cualquier ciudadano en cualquier punto del territorio con un mecanismo de sanciones en el caso de que se produzcan incumplimientos.
3) El establecimiento de una financiación sanitaria finalista, en todo o en parte, que al menos garantice unos mínimos de las aportaciones destinadas a la Sanidad.
4) Un sistema de compensación para los gastos de atención sanitaria de las personas que tienen su domicilio habitual en otra comunidad autónoma.
Con o sin ley son temas que deben desarrollarse para garantizar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestro sistema sanitario público, que contra lo que viene diciéndose por algunas fuentes interesadas solo peligra si se rompe su funcionamiento integrado, se avanza en su privatización y se pierden de vista los objetivos de salud.
El primero es si se necesita una nueva ley para fijar la cartera básica de servicios, y desde luego parece que no es preciso. La ordenación de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud esta fijada en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS aprobada en 2003, durante uno de los gobiernos del PP, y posteriormente desarrollada en 2006 mediante el RD1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización, que como indica su propio nombre establece los mecanismos para la inclusión y/o exclusión de prestaciones en la cartera de servicios mediante una evaluación de las mismas cuyo resultado luego debe ser sometido al Consejo Interterritorial del SNS (donde están todas las comunidades autónomas) cuyo acuerdo previo es imprescindible. Los criterios de inclusión son contribuir de una manera eficaz a la salud, aportar mejoras a las alternativas existentes y cumplir con la legislación vigente. Resulta por lo tanto difícil de entender que sea precisa una Ley para cambiar las prestaciones, salvo claro esta que se pretenda excluir a algunas de las mismas sin que existan criterios sanitarios para hacerlo, es decir que estos sean de índole exclusivamente económica.
El segundo es si la intención de esta Ley es conseguir que el catalogo de prestaciones sea realmente común a todas las comunidades autónomas y, sobre todo, si se quiere asegurar su cumplimiento generalizado, especialmente en lo que respecta al acceso a las prestaciones de ciudadanos en comunidades autónomas distintas a la de la de su residencia habitual que como se ha visto en este último año esta teniendo serios problemas. Este aspecto tampoco esta claro que precise una nueva Ley, porque precisamente la Ley de Cohesión que ya se ha mencionado señalaba en su articulo 4 apartado c, que uno de los derechos de los ciudadanos es “recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado, la asistencia sanitaria del catalogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma”, que también vuelve a reconocerse en el articulo 23 (Garantía de accesibilidad), lo que evidente se ha vulnerado en los casos conocidos de desatención u obstáculos para la misma en varias comunidades autónomas.
La misma Ley de Cohesión señala que la Alta Inspección es la que tiene la función de servir de garantía y verificación del cumplimiento de las competencias estatales y de las comunidades autónomas en materia de sanidad y de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud (articulo 76), si bien es cierto que no establece mecanismos claros para su actuación en el caso de que se objetiven incumplimientos, mas allá del requerimiento a los organismos de las comunidades autónomas, y es obvio que en los últimos casos conocidos se ha demostrado poca actividad y/o poca eficacia en la misma.
El tercer interrogante tiene que ver con la aseveración de que esta ley servirá para asegurar la financiación de los recursos necesarios para garantizar su prestación, porque obviamente no esta demasiado claro lo que quiere decir, si se refiere a la necesidad de garantizar una financiación suficiente de las comunidades autónomas a la Sanidad, es evidente que se esta abordando una de las claves del problema de nuestro Sistema Nacional de Salud, y es el hecho de que cada una de las comunidades autónomas decide, dentro de sus recursos, la cantidad de dinero que destina a la Sanidad y de ello se derivan diferencias muy notables en el presupuesto (hasta 555 euros/habitante y año en 2011) que obviamente dificultan el acceso a las mismas prestaciones y/o generan un endeudamiento inevitable. Por supuesto seria un paso positivo el que se garantizase una financiación mínima para la Sanidad en todas las comunidades autónomas, pero ello tampoco necesita de una Ley especifica porque bastaría con incorporarlo a la ley de presupuestos modificando el acuerdo sobre financiación de las comunidades autónomas.
Por todo lo expuesto no esta nada clara la necesidad de esta Ley, aunque tampoco hay ningún inconveniente en que se haga, siempre y cuando en ella se garanticen:
1) El catalogo de prestaciones actual y los mecanismos de exclusión/inclusión de prestaciones en el mismo, y no se aproveche para disminuirlas por motivos puramente economicistas
2) Un sistema que garantice la accesibilidad a las prestaciones del SNS a cualquier ciudadano en cualquier punto del territorio con un mecanismo de sanciones en el caso de que se produzcan incumplimientos.
3) El establecimiento de una financiación sanitaria finalista, en todo o en parte, que al menos garantice unos mínimos de las aportaciones destinadas a la Sanidad.
4) Un sistema de compensación para los gastos de atención sanitaria de las personas que tienen su domicilio habitual en otra comunidad autónoma.
Con o sin ley son temas que deben desarrollarse para garantizar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestro sistema sanitario público, que contra lo que viene diciéndose por algunas fuentes interesadas solo peligra si se rompe su funcionamiento integrado, se avanza en su privatización y se pierden de vista los objetivos de salud.
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C/ Noblejas, 5 Bajo - 28013 Madrid
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'Banco malo', activos 'tóxicos' y banca pública
nuevatribuna.es | Antonio Mora Plaza - Actualizado 26 Diciembre 2011 - 10:24 h.
El nuevo gobierno del Partido Popular tiene un problema general: cómo hacer que sus votantes ahora se olviden de sus mentiras. Ha hecho tantas promesas y tantas críticas al gobierno anterior y va a tener que hacer lo que éste hizo –bien por obligación, bien por convencimiento- que las medidas que se avecinan van a entrar en conflicto con la parte de sus votantes que no puedan deshacerse de su dignidad. Una de esas promesas es la de que no crearía un “banco malo” a costa de los impuestos de los ciudadanos. Lo de este “banco malo” es una carrera de la prensa mediática afin al PP –que es la mayoría- para hacer olvidar e, incluso, negar las promesas del partido tardo-franquista. En todo caso, asistiremos al travestismo mediático en próximas fechas de presentarlo como, primero necesario, para después presentarlo como bueno y demandado por la propia ciudadanía. Es la prensa del Movimiento del PP (ABC, El Mundo, La Razón, La Gaceta, Telemadrid, etc.). Aunque ya existen diferentes bancos “malos” en la UE, todos tienen una consecuencia tarde o temprano: que los ciudadanos, con sus impuestos, pagarán los llamados “activos tóxicos”. Ese es el fin y la garantía. Garantía que no llega, por cierto, a que los bancos así exonerados de su mala gestión del crédito vayan por ello a aumentar el mismo a particulares y empresas. Tal es así que esa desconfianza y la contracción del crédito ha llevado al BCE de Mario Draghi a facilitar crédito a los bancos por la gigantesca cifra de 500.000 millones de euros el día 21 de este mes dándole a la máquina –no puede hacerlo de otra forma- de hacer billetes. Es así como actúa un banco central, nada extraordinario: crea dinero cuando concede un crédito y lo destruye cuando se amortiza, pero muchos han criticado en cambio cuando hace eso mismo comprando deuda soberana de los países. Mi opinión es que eso no va a suponer un aumento del crédito en España y dudo que en el resto de la U.E. porque van a destinarlo casi todo a comprar deuda soberana en un negocio fácil: lo contratan como prestarios al 1% con el BCE y lo devuelven como prestamistas a los Estados comprando bonos al 4% o más. ¿Para qué van a arriesgar concediendo préstamos a empresas y particulares? Más vale esto que nada, pero a la economía en general le sería más favorable que ese medio billón de euros se hubieran destinado a la compra de bonos directamente por dos cosas: 1) porque rebajarían los costes financieros de la deuda al bajar seguro la prima de riesgo; 2) porque si los Estados gastan ese dinero compensaría algo la caída de la demanda agregada, con el consiguiente estímulo de la producción. En cambio, la banca no lo va a retornar a empresas y particulares. Espero equivocarme. Lo de los “activos tóxicos” es otro eufemismo que trata de grabar en la mente de la ciudadanía de que estos activos deben separarse de los activos buenos como los virus y bacterias de las células buenas. Es una estupidez, porque nada tiene que ver la biología y sus contagios con el crédito. Los “activos tóxicos” que se lo coman los bancos que los han creado y punto. No porque se agrupen en un banco van a dejar de ser incobrables o morosos, porque no porque estén juntitos los “tóxicos” van a convertir en solventes a sus deudores. Hay una patronal que ya proclaman que estos activos los paguemos todos, estos tipos que tanto defienden la economía de mercado y la no intromisión del Estado en sus asuntos. No hago más comentarios ante tan repugnantes planteamientos.
Por ello cada vez se hace más necesario la creación de un sector del crédito que actúe en función de los intereses de la economía y no de las cuentas de Resultados a corto plazo de cada entidad de crédito. Ese banco público en España podría desarrollarse con una expansión del ICO con una multiplicación de sus efectivos tomando crédito del BCE y del resto de la banca, y con la dos siguientes premisas o criterios de actuación: 1) concesión del crédito asumiendo un mayor riesgo de impago y morosidad (llegando a sobrepasar el 15%, o tanto como sea necesario hasta crear empleo); 2) que el aumento marginal de estas morosidad e incobrabilidad (la diferencia entre ese 15% previsto y la tasa media de impagados en la actualidad) fuera financiada por la propia banca privada con cargo a los impuestos de sociedades y en proporción inversa a la concesión relativa del crédito de esta misma banca: a más crédito concedido relativo, menos deuda tributaria. Para ello habría que desarrollar un impuesto especial para la banca. Un banco con este criterio anti-crisis sí sería un banco público, porque esta consideración depende de su comportamiento crediticio y no de la propiedad de su capital.
Es verdad que eso no repara el error del BCE, de la oronda walquiria teutona y del Consejo de Europa, de seguir obligando a la reducción del déficit cueste lo que cueste en términos de empleo, pero en parte podría paliar este error estratégico. Ya sabemos que las victorias tácticas no hacen ganar las guerras cuando se está en la estrategia equivocada, pero con un banco público en expansión podría alargar la situación antes de entrar en recesión y daría tiempo a la reflexión a los cenutrios de los que mandan en el Consejo y en el BCE; quizá la teutona, que de economía entiende lo que yo de teología, cambie de opinión en contra de sus asesores ante la persistencia y agravamiento de la crisis como hizo Roosevelt en 1933 ante sus aúlicos consejeros. Claro que el presidente americano demostró una inteligencia y un valor de la que parece carecer la teutona. Los déficits –que fueron causados en un 70% en España por una bajada de los ingresos y sólo el resto por un aumento del gasto- no deberían disminuirse ahora en plena crisis sino aumentarse, teniendo como límite los primeros brotes inflacionistas. Lo de acabar con los déficits es que no está en ninguna teoría economía por más neoliberal que se presente, es una obsesión enfermiza de cretinos que no saben de lo que hablan. Eso sí, gobiernan con los votos de los que esa pertinaz insistencia les lleva a la ruina y/o al paro. A cada cual su responsabilidad.
Por ello cada vez se hace más necesario la creación de un sector del crédito que actúe en función de los intereses de la economía y no de las cuentas de Resultados a corto plazo de cada entidad de crédito. Ese banco público en España podría desarrollarse con una expansión del ICO con una multiplicación de sus efectivos tomando crédito del BCE y del resto de la banca, y con la dos siguientes premisas o criterios de actuación: 1) concesión del crédito asumiendo un mayor riesgo de impago y morosidad (llegando a sobrepasar el 15%, o tanto como sea necesario hasta crear empleo); 2) que el aumento marginal de estas morosidad e incobrabilidad (la diferencia entre ese 15% previsto y la tasa media de impagados en la actualidad) fuera financiada por la propia banca privada con cargo a los impuestos de sociedades y en proporción inversa a la concesión relativa del crédito de esta misma banca: a más crédito concedido relativo, menos deuda tributaria. Para ello habría que desarrollar un impuesto especial para la banca. Un banco con este criterio anti-crisis sí sería un banco público, porque esta consideración depende de su comportamiento crediticio y no de la propiedad de su capital.
Es verdad que eso no repara el error del BCE, de la oronda walquiria teutona y del Consejo de Europa, de seguir obligando a la reducción del déficit cueste lo que cueste en términos de empleo, pero en parte podría paliar este error estratégico. Ya sabemos que las victorias tácticas no hacen ganar las guerras cuando se está en la estrategia equivocada, pero con un banco público en expansión podría alargar la situación antes de entrar en recesión y daría tiempo a la reflexión a los cenutrios de los que mandan en el Consejo y en el BCE; quizá la teutona, que de economía entiende lo que yo de teología, cambie de opinión en contra de sus asesores ante la persistencia y agravamiento de la crisis como hizo Roosevelt en 1933 ante sus aúlicos consejeros. Claro que el presidente americano demostró una inteligencia y un valor de la que parece carecer la teutona. Los déficits –que fueron causados en un 70% en España por una bajada de los ingresos y sólo el resto por un aumento del gasto- no deberían disminuirse ahora en plena crisis sino aumentarse, teniendo como límite los primeros brotes inflacionistas. Lo de acabar con los déficits es que no está en ninguna teoría economía por más neoliberal que se presente, es una obsesión enfermiza de cretinos que no saben de lo que hablan. Eso sí, gobiernan con los votos de los que esa pertinaz insistencia les lleva a la ruina y/o al paro. A cada cual su responsabilidad.
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viernes, 23 de diciembre de 2011
NUEVO GOBIERNO
Cómo descodificar el programa de investidura de Rajoy
nuevatribuna.es | Joan Coscubiela - Actualizado 22 Diciembre 2011 - 08:01 h.
Rajoy es ya Presidente del Gobierno y continúa oculta una buena parte de su programa. Es cierto que durante el debate de investidura presentó las líneas de su acción de gobierno. Pero es más cierto aún que lo hizo con un deliberado desequilibrio entre sus contenidos. Algunas cosas, que el PP considera que son de buen escuchar, como pensiones y ayuda a las PIMES, las concretó ampliamente. Otras, la mayoría, que contienen medidas de ajuste duro, simplemente las enumeró, cuando no las camufló. Además utilizó todo tipo de eufemismos y trampas para que la ciudadanía no pueda calibrar plenamente la dimensión de su programa de gobierno.
Se trata de una técnica que tiene mucho que ver con la concepción que algunos partidos tienen de la política, la de las cosas de la política y no la de la política de las cosas y, sobre todo, de las personas.
Como quiera que considero que entre mis obligaciones como diputado están las de acercar el Congreso a las personas, me he planteado la posibilidad de intentar descodificar algunas de las claves del programa de investidura del Sr. Rajoy y de su Gobierno.
Dada la extensión de esta tarea, me ha parecido más prudente desglosarla en diferentes entregas.
Para la primera reservo la descodificación de lo que es el diagnóstico de la situación económica y la exposición de los grandes ejes. En sucesivas entregas intentaré desglosar las propuestas más significativas.
La clave para la descodificación del diagnóstico del Sr. Rajoy no está en lo que dijo en su intervención, sino en lo que omitió deliberadamente.
ANÁLISIS DEL PARO
Como es obvio, parte del análisis del paro. Y aquí ya aparece la primera trampita. Sitúa un volumen de personas paradas de 5.400.000 (23%) basándose en los datos armonizados de la UE y en los del Servicio Público de Empleo (antiguo INEM) que dan un volumen de parados muy superior al de la EPA. El Sr. Rajoy ha escogido la peor de las bases estadísticas sobre paro, pensando así que pronto va a poder presentar algunas mejoras.
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO IGUAL A AJUSTE EN EL GASTO, OLVIDANDO LA MEJORA DE LOS INGRESOS
En todo el diagnóstico se refiere a la necesidad de conseguir equilibrio presupuestario como sinónimo de recorte de gastos. Ignorando deliberadamente que el equilibrio se puede conseguir actuando sobre los gastos y también sobre los ingresos. Intentar que las personas identifiquen equilibrio presupuestario con reducción de gastos es la mejor manera que la ciudadanía asuma acríticamente los recortes y, sobre todo, no hacer –como no ha hecho- ni una sola mención a cómo mejorar los ingresos.
Para justificar la necesidad del equilibrio presupuestario va a buscar dos muletas, externas a su responsabilidad. Una, los recientes acuerdos de la cumbre europea. Y la otra, la reforma de la CE impulsada por el PSOE y avalada por el PP (que inmenso regalo le hizo el Sr. Zapatero a la estrategia de ajuste duro del PP). Si la necesidad del equilibrio viene impuesta por Bruselas, se dice y además se inició durante el Gobierno Zapatero, es evidente que la responsabilidad del Sr. Rajoy queda camuflada.
CUANTIFICACIÓN DEL AJUSTE
En la cuantificación de ajuste de nuevo utiliza otra “habilidad”. Cita los datos de 65.000 millones de euros de déficit (6% del PIB) facilitados por la Sra. Salgado y en base a ellos cuantifica el desajuste entre ingresos y gastos en 16.500 millones de euros. Ello merece dos comentarios: como quiera que el cierre del Presupuesto del 2011 estará más cerca del 7,5% de déficit que del 6%, esto va a ser utilizado para justificar un ajuste mayor de los gastos. Pero en la medida que en este diagnóstico no están cuantificados para el 2012 algunas de las promesas de su programa de investidura, como las mejoras de fiscalidad para las empresas, resulta evidente que la cantidad de 16.500 millones de euros de ajuste en los gastos será superada una vez se presenten los datos del Presupuesto. Ello sin olvidar lo más importante: ni una sola referencia a cómo mejorar los ingresos.
TRAMPAS EM EL DIAGNÓSTICO. COARTADAS PARA LAS POLÍTICAS
Ya en el diagnóstico, el Sr. Rajoy sitúa algunas trampas mentales para que sea más fácil colarnos después la ideología, en algunos momentos teología, de sus políticas. De momento me referiré a tres que me parecen muy significativas: Ajuste en el sector público, en la legislación laboral y en el sector financiero.
En su diagnóstico sobre la Función Pública, además de anunciar una profunda reforma sin concretar más, deja caer una idea tan falsa como perversa. La supuesta sobredimensión de empleo público en España, cuando los datos comparados con la UE dicen exactamente el contrario, que el nuestro es un país con una debilidad de empleo en el sector público, especialmente en el ámbito de prestación de derechos de las personas. Esto le permite apuntar como medidas de urgencia para el 2012 la tasa de reposición cero en la función pública, o sea la no contratación de empleados públicos para substituir a los que cesen en su actividad. Y sitúa una excepción en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –toda una concepción de prioridades– y en los servicios públicos básicos. Este es un concepto indeterminado que deja el ajuste del empleo público en una calculada ambigüedad.
En relación a la reforma laboral es donde la trampa ideológica es de mayor magnitud, porque en el diagnóstico ya establece una relación causa-efecto que es falsa, entre legislación laboral y crecimiento del empleo. Ya entraremos en más detalle; de momento se puede encontrar una explicación más detallada en mi intervención del día 19 de diciembre.
Por último, y en relación a la reforma del sistema financiero, no concreta mucho pero sí suficiente para saber por dónde pueden ir los tiros. En el diagnóstico habla de los inmuebles que han perdido valor y de los activos menos líquidos que los inmuebles (se refiere, sin duda, al suelo en poder de los bancos). Que separe estos dos tipos de activos permite intuir hacia dónde puede ir la reforma financiera del Sr. Rajoy. Como quiera que ya se ha desmarcado, como el Sr. Botín, de la idea del “banco malo”, todo parece apuntar a una propuesta más camuflada pero construida sobre dos ideas claves.
El Sr. Rajoy va a propiciar una mayor concentración de los bancos en menos manos y el proceso va a contar con dinero público, bien directamente o bien a través de avales a la deuda que deban asumir los bancos que se queden con activos tóxicos. Y nada descartaría que los activos más tóxicos (suelo, en algunos casos no urbanizable) pasen a ser gestionados por una entidad que, directa o indirectamente, esté financiada con recursos públicos.
Se trata de una técnica que tiene mucho que ver con la concepción que algunos partidos tienen de la política, la de las cosas de la política y no la de la política de las cosas y, sobre todo, de las personas.
Como quiera que considero que entre mis obligaciones como diputado están las de acercar el Congreso a las personas, me he planteado la posibilidad de intentar descodificar algunas de las claves del programa de investidura del Sr. Rajoy y de su Gobierno.
Dada la extensión de esta tarea, me ha parecido más prudente desglosarla en diferentes entregas.
Para la primera reservo la descodificación de lo que es el diagnóstico de la situación económica y la exposición de los grandes ejes. En sucesivas entregas intentaré desglosar las propuestas más significativas.
La clave para la descodificación del diagnóstico del Sr. Rajoy no está en lo que dijo en su intervención, sino en lo que omitió deliberadamente.
ANÁLISIS DEL PARO
Como es obvio, parte del análisis del paro. Y aquí ya aparece la primera trampita. Sitúa un volumen de personas paradas de 5.400.000 (23%) basándose en los datos armonizados de la UE y en los del Servicio Público de Empleo (antiguo INEM) que dan un volumen de parados muy superior al de la EPA. El Sr. Rajoy ha escogido la peor de las bases estadísticas sobre paro, pensando así que pronto va a poder presentar algunas mejoras.
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO IGUAL A AJUSTE EN EL GASTO, OLVIDANDO LA MEJORA DE LOS INGRESOS
En todo el diagnóstico se refiere a la necesidad de conseguir equilibrio presupuestario como sinónimo de recorte de gastos. Ignorando deliberadamente que el equilibrio se puede conseguir actuando sobre los gastos y también sobre los ingresos. Intentar que las personas identifiquen equilibrio presupuestario con reducción de gastos es la mejor manera que la ciudadanía asuma acríticamente los recortes y, sobre todo, no hacer –como no ha hecho- ni una sola mención a cómo mejorar los ingresos.
Para justificar la necesidad del equilibrio presupuestario va a buscar dos muletas, externas a su responsabilidad. Una, los recientes acuerdos de la cumbre europea. Y la otra, la reforma de la CE impulsada por el PSOE y avalada por el PP (que inmenso regalo le hizo el Sr. Zapatero a la estrategia de ajuste duro del PP). Si la necesidad del equilibrio viene impuesta por Bruselas, se dice y además se inició durante el Gobierno Zapatero, es evidente que la responsabilidad del Sr. Rajoy queda camuflada.
CUANTIFICACIÓN DEL AJUSTE
En la cuantificación de ajuste de nuevo utiliza otra “habilidad”. Cita los datos de 65.000 millones de euros de déficit (6% del PIB) facilitados por la Sra. Salgado y en base a ellos cuantifica el desajuste entre ingresos y gastos en 16.500 millones de euros. Ello merece dos comentarios: como quiera que el cierre del Presupuesto del 2011 estará más cerca del 7,5% de déficit que del 6%, esto va a ser utilizado para justificar un ajuste mayor de los gastos. Pero en la medida que en este diagnóstico no están cuantificados para el 2012 algunas de las promesas de su programa de investidura, como las mejoras de fiscalidad para las empresas, resulta evidente que la cantidad de 16.500 millones de euros de ajuste en los gastos será superada una vez se presenten los datos del Presupuesto. Ello sin olvidar lo más importante: ni una sola referencia a cómo mejorar los ingresos.
TRAMPAS EM EL DIAGNÓSTICO. COARTADAS PARA LAS POLÍTICAS
Ya en el diagnóstico, el Sr. Rajoy sitúa algunas trampas mentales para que sea más fácil colarnos después la ideología, en algunos momentos teología, de sus políticas. De momento me referiré a tres que me parecen muy significativas: Ajuste en el sector público, en la legislación laboral y en el sector financiero.
En su diagnóstico sobre la Función Pública, además de anunciar una profunda reforma sin concretar más, deja caer una idea tan falsa como perversa. La supuesta sobredimensión de empleo público en España, cuando los datos comparados con la UE dicen exactamente el contrario, que el nuestro es un país con una debilidad de empleo en el sector público, especialmente en el ámbito de prestación de derechos de las personas. Esto le permite apuntar como medidas de urgencia para el 2012 la tasa de reposición cero en la función pública, o sea la no contratación de empleados públicos para substituir a los que cesen en su actividad. Y sitúa una excepción en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –toda una concepción de prioridades– y en los servicios públicos básicos. Este es un concepto indeterminado que deja el ajuste del empleo público en una calculada ambigüedad.
En relación a la reforma laboral es donde la trampa ideológica es de mayor magnitud, porque en el diagnóstico ya establece una relación causa-efecto que es falsa, entre legislación laboral y crecimiento del empleo. Ya entraremos en más detalle; de momento se puede encontrar una explicación más detallada en mi intervención del día 19 de diciembre.
Por último, y en relación a la reforma del sistema financiero, no concreta mucho pero sí suficiente para saber por dónde pueden ir los tiros. En el diagnóstico habla de los inmuebles que han perdido valor y de los activos menos líquidos que los inmuebles (se refiere, sin duda, al suelo en poder de los bancos). Que separe estos dos tipos de activos permite intuir hacia dónde puede ir la reforma financiera del Sr. Rajoy. Como quiera que ya se ha desmarcado, como el Sr. Botín, de la idea del “banco malo”, todo parece apuntar a una propuesta más camuflada pero construida sobre dos ideas claves.
El Sr. Rajoy va a propiciar una mayor concentración de los bancos en menos manos y el proceso va a contar con dinero público, bien directamente o bien a través de avales a la deuda que deban asumir los bancos que se queden con activos tóxicos. Y nada descartaría que los activos más tóxicos (suelo, en algunos casos no urbanizable) pasen a ser gestionados por una entidad que, directa o indirectamente, esté financiada con recursos públicos.
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jueves, 22 de diciembre de 2011
miércoles, 21 de diciembre de 2011
MANIFIESTO ECONOMISTAS
Manifiesto de Economistas Frente a la Crisis
nuevatribuna.es | - Actualizado 21 Diciembre 2011 - 17:15 h.
Apoya el Manifiesto de Economistas Frente a la Crisis.
EL ESTADO DEL BIENESTAR ES LA PROPUESTA DE EUROPA PARA EL MUNDO
El Estado del Bienestar es la propuesta de la Unión Europea para el mundo. Sin esa propuesta la Unión carecería de sentido y la democracia, seguramente, también. Y para poder mantener esa propuesta los economistas tenemos que impulsar las reformas que sean necesarias para mantener el pulso de nuestra economía. Continuamente oímos que nuestra economía necesita más mercado y reformas estructurales. Y sí, sin duda lo necesita. Pero tenemos también la obligación de impedir que nuestro lenguaje sea tergiversado con palabras y conceptos que manipulan el pensamiento económico que nuestros maestros nos han trasmitido, que nuestra experiencia como profesionales de la economía nos ha enseñado.
Por esta razón, los economistas debemos rescatar del lodo en el que están siendo ahogados, desde las instancias más conservadoras, los conceptos, entre otros muchos, de mercado y de reforma estructural. Con toda energía debemos afirmar que reestructurar no es desregular y que las reformas estructurales no pueden ser las reformas laborales que se anuncian, conducentes a diluir los derechos de los trabajadores. Los economistas –fundamentalmente nuestros jóvenes economistas- deben saber que reformar y desregular no son sinónimos y que no pocas reformas estructurales son necesarias antes que las que sólo pretenden la flexibilización del mercado laboral a través de la desregulación y la precarización. Combatir la torre de babel en la que nos sumen poderosos intereses empieza a ser para los economistas tarea imprescindible si no queremos que nos arranquen las palabras, que nos dejen mudos.
Y por eso los economistas debemos declarar que no son los mercados los responsables de la crisis. Los responsables son los No mercados, en los que las barreras de entrada y de salida son infranqueables, en los que la información es privilegio de pocos, en los que la concentración oligopolística adquiere mayor poder que el gobierno de los ciudadanos. Y en esta situación son los gobiernos los que deben intervenir para impedir que los No mercados gobiernen por encima de los intereses generales. Se trata, al fin, de que los mercados funcionen aunque para ello necesiten las muletas del Estado, de la regulación o, simplemente, de la pura intervención pública para evitar las ineficiencias asociadas a las imperfecciones.
Mercados y regulación no son incompatibles sino expresión de una misma cosa. Liberalización y regulación son conceptos complementarios, inseparables, porque los requisitos que los economistas hemos formulado para que los mercados aporten eficiencia al progreso y al bienestar sólo están presentes, cuando lo están, de manera imperfecta, y en ocasiones en sectores económicos de alcance sistémico con resultados letales para el bienestar. O en el progreso y en la riqueza estamos todos, o ni el progreso existirá ni la riqueza interesará a nadie más que a sus poseedores. Tampoco interesarían las instituciones ni el Estado. La sociedad devendría una sociedad dual. Esta no es la propuesta de la Unión Europea ni a sus ciudadanos ni al mundo.
Economistas Frente a la Crisis señaló, en su primer manifiesto, que el primer objetivo de toda política económica es perseguir la máxima utilización de los recursos productivos disponibles y, entre ellos y en primer lugar, del empleo. Hoy ya se solicitan desde instancias relevantes funciones para el BCE más cercanas a las que detenta el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal. No sólo la estabilidad de precios, también el empleo y el crecimiento debiera ser una responsabilidad compartida por todas las instituciones de la Unión, con el BCE a la cabeza. Pero el “nuevo pacto presupuestario” y las “herramientas de estabilización” acordados el 9 de diciembre de 2011 por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Zona Euro, agudizarán la crisis. No estamos ante un problema de inflación sino de estancamiento originado por la imposición de rápidas reducciones del déficit público. Pero estos acuerdos no son el resultado de un mal diagnóstico –los gobiernos, las instituciones y Alemania disponen, sin duda, de competentes economistas- sino de la nueva concepción de Europa que el gobierno alemán, conservador, prepotente y nacionalista, está logrando imponer: Deutschland über alles, über alles in der Welt. Siempre hemos insistido en la necesidad de avanzar hacia una gobernanza europea común de la Unión frente al sesgo alemán e insolidario de esa gobernanza.
Economistas Frente a la Crisis calificó de artera la utilización de la austeridad y de la estabilidad presupuestaria como argumento para debilitar la prestación de servicios básicos como la educación y la sanidad y señaló el sin sentido de políticas procíclicas y contractivas en un contexto en el que los problemas se centran en torno al paro y al estancamiento y no a la inflación. Austeridad siempre. Derroche o despilfarro nunca. Pero austeridad no es déficit cero. Es eficiencia en la inversión y en el gasto. Para ello se deberán establecer metodologías públicas para una declaración del impacto económico de las decisiones correspondientes y condicionarlas al retorno económico y social que las justifique. Así la austeridad quedaría justificada en la eficiencia de la gestión pública del gasto y de la inversión y no caería bajo la manipulación de lo que no es más que una campaña ideológica subliminal.
Ahora, sin complejos –como tampoco los tuvimos antes- debemos decir que las reformas estructurales son necesarias para restaurar la operatividad de los mercados, aumentar la productividad del trabajo y la competitividad de la economía. Pero no son las que desde las instituciones europeas nos llegan. Desde este manifiesto, ponemos algunas propuestas sobre la mesa del debate:
1- De las reformas laborales y la Gobernanza Corporativa.
La productividad del trabajo no sólo depende de las reformas laborales que deberán ser abordadas desde el consenso entre los agentes sociales, sino también, y de manera determinante, de la organización del trabajo, de la capacidad de innovación, del stock de capital de las empresas y de los aciertos de la gestión empresarial que se desenvuelve, irremediablemente, en el contexto de la globalización. Los sindicatos no pueden ser ajenos a estas cuestiones –y no deberán serlo: es clara la relación directa entre mayor productividad y mayores derechos de negociación- pero implican, en primer lugar, a los empresarios y a quienes ejercen esa función. La mayor parte de responsabilidad sobre la velocidad de crecimiento de la productividad corresponde a los que pueden tomar las decisiones sobre el cambio tecnológico y la inversión en la empresa. Las reformas laborales que puedan ser acometidas no pueden ignorar esta cuestión crucial, casi siempre ignorada.
Considerar el factor trabajo y los salarios sólo como un coste variable que pueda ajustarse, sin más, a la marcha de los negocios, según convenga a los márgenes pre asignados a los capitales invertidos y a las altas remuneraciones de los administradores, es el mayor incentivo que una reforma puede conceder a la ineficiencia y a la irresponsabilidad o impericia de los empresarios en relación con la organización del trabajo, la innovación y la gestión industrial, comercial y financiera. El salario es la base de la demanda agregada de la economía y el único ingreso de la mayoría de los trabajadores para atender a sus necesidades vitales. Poner el acento de las reformas laborales exclusivamente en la contención salarial y en la austeridad no contribuirá a la recuperación de las economías europeas. Sólo a la agudización y prolongación de la crisis.
Toda reforma laboral que pretenda el calificativo de estructural, debiera centrar sus preocupaciones en la regulación de la gobernanza corporativa y en la organización del trabajo en las empresas. El control de las retribuciones de los ejecutivos, el destino de los beneficios empresariales y la creación de servicios y auditorías laborales conducentes al aumento de la productividad de los factores, deben constituir ejes de las reformas laborales y corporativas. Como primer y tímido paso en la buena dirección: la conversión en contratos indefinidos de los contratos temporales encadenados que mantienen las administraciones en la enseñanza y en la sanidad.
Las propuestas que se están poniendo sobre la mesa, tendentes a desmembrar las negociaciones de los convenios laborales, no buscan tanto la eficiencia del mercado de trabajo y la recuperación del empleo, sino el debilitamiento de la fuerza sindical de los trabajadores, seguramente el último reducto que queda para contener el deterioro del estado del bienestar. Thatcher en la memoria: reducir primero el poder sindical para encoger después el Estado del Bienestar.
2- Del Sistema Financiero.
La dación de los activos inmobiliarios de particulares y promotores en pago de las deudas que garantizan, provocaría elevadas pérdidas a la banca española. Esta es la demostración de que detrás de la burbuja inmobiliaria están los pulmones de la banca que han hinchado el globo por encima de valores prudentes. El diferencial de costes entre los recursos pasivos y activos de la banca, unido a sistemas de incentivos que premian los beneficios sin relación con el riesgo, está en los fundamentos de la especulación sobre el valor del suelo y de la cultura del ladrillo que ahora nos amenaza a todos con el abismo de las restricciones del crédito e, incluso, de las quiebras bancarias.
El interés general exige el rescate de la banca. ¿Pero qué rescate? ¿Banco bueno o banco malo? El crédito debe volver a fluir y sólo el desapalancamiento de la banca, con la restauración de sus ratios de solvencia, podrá restablecer su función en la economía, imprescindible porque es sistémica. Al Estado le corresponde lograr urgentemente y de manera imperativa ese restablecimiento. ¿Sacamos de los bancos sus activos contablemente inflados o tóxicos para ubicarlos en bancos malos en los que las aportaciones públicas cubran los agujeros y el relajamiento de las normas contables lamine en el tiempo su impacto? Si hiciéramos tal cosa estaríamos amnistiando la irresponsabilidad que incentiva prácticas financieras cuya responsabilidad no ha sido ajena a la generación de esta crisis.
La contabilidad debe recuperar su prestigio y lo que vale menos debe tener su reflejo en los balances de los bancos. Eso es información y transparencia, ambas imprescindibles para la recuperación de la confianza en las instituciones. Dar visibilidad a los agujeros allá donde se hallen permitirá a los accionistas y a las administraciones exigir las responsabilidades que correspondan a los gestores y a los reguladores. Y permitirá que las pérdidas, si existieran, sean asumidas por un accionariado indiferente al cortoplacismo y complaciente con sus gestores. El Estado se sentaría en los Consejos de Administración para garantizar la recuperación de aquellos fondos preferentes que, en defensa del interés de los ciudadanos, hayan tenido que ser aportados desde los fondos fiscales. El Estado deberá garantizar, por todos los medios, el desapalancamiento de la banca para restaurar los flujos del crédito. Pero bancos malos no. Sólo son la solución de los malos banqueros. No olvidemos que el banco malo es una forma de socialización de pérdidas privadas y su conversión en deuda pública.
Esta es la reforma estructural que necesita la banca para que el crédito fluya. Inspección, regulación y recapitalización. La desregulación hasta aquí nos ha traído. Su trayecto ha llegado ya al final.
3- Del sistema fiscal.
Los adjetivos que apellidan los grandes conceptos de la construcción europea son casi siempre sospechosos: “nuestro objetivo es un estado del bienestar sostenible”. Sostenible. Otra palabra manipulada que esconde una propuesta de estado de bienestar de menor calidad, con menor coste. Con menor coste para no tener que acometer la reforma fiscal que necesita España para acercar su presión fiscal a la media de los países de la Unión que encabezan las prestaciones sociales, la calidad de su educación y sanidad, la protección a los dependientes, la defensa del medioambiente, los equilibrios territoriales, el bienestar de sus jubilados, el mayor crecimiento económico, la mayor renta de sus ciudadanos.
Revisar el Impuesto de Sociedades para acercar su tipo real a su tipo nominal, el primero entre los más bajos de la Unión, el segundo entre los más altos; reforzar los recursos de la Inspección de Hacienda sobre las grandes compañías y ciertas actividades profesionales, responsables de la mayor parte del fraude; incentivar fiscalmente la creación de nuevas empresas y la contratación de los primeros empleos; restaurar la progresividad del impuesto sobre la renta e igualar la presión sobre las rentas del capital a la que soportan las rentas del trabajo, implantar un impuesto sobre las grandes fortunas, constituyen, todo ello, algunos de los ejes sobre los que debiera pivotar una reforma estructural de nuestro sistema fiscal.
Los déficits fiscales continuos, con un comportamiento autista respecto al ciclo económico, son letales para la sostenibilidad de la deuda pública y conducen a la catástrofe. Pero es completamente ilusorio y carece de fundamento científico solvente basar la eficiencia fiscal en la reducción de la presión fiscal. El dinero no siempre está mejor en manos de los individuos si el estado del bienestar es la propuesta de Europa para el mundo y el soporte de la convivencia social en un Estado democrático. Una gestión contracíclica del saldo presupuestario necesita una capacidad recaudatoria que pueda responder a las crisis con un aumento del gasto para limitar el aumento del déficit y el deterioro de la deuda a cotas insostenibles. De otra manera reduciríamos el Estado a mero administrador de sus ingresos y gastos corrientes; transferiríamos al sector privado un inmenso negocio sobre las pensiones, la sanidad, la educación, las infraestructuras… Tal vez sea esta la explicación que nos falta para comprender la trastienda de una política económica que nos dejaría de parecer contraria al sentido común para parecernos contraria al interés general.
4- De la Gobernanza Europea.
La crisis de deuda soberana que sufre Europa, se ha agravado en los últimos meses debido a la política contractiva impuesta desde la mayoría conservadora que gobierna las instituciones de la Unión Europea, el Partido Popular Europeo, bajo el desvirtuado eslogan de la austeridad. El planteamiento de la necesaria consolidación fiscal en plazos muy restrictivos y sin discriminar entre las dispares estructuras de la deuda total que presentan los Estados miembros, ha acentuado la situación de estancamiento de la eurozona, particularmente de España, comprometiendo la recuperación de los ingresos fiscales que serían necesarios para no deteriorar la solvencia del Estado.
Las posiciones mantenidas por Alemania no están contribuyendo, de ningún modo, a la mayor gobernanza económica de la zona euro. Muy al contrario, Alemania mantiene posiciones contrarias a la integración fiscal de la zona en tres aspectos clave: (1) la ampliación del mandato del BCE para que asuma un papel activo en relación con el crecimiento y el empleo, ahora limitado a la estabilidad de precios; (2) la consolidación del mecanismo europeo de rescate ante crisis financieras, y (3) la mutualización del riesgo a través de los eurobonos. Estas cuestiones, constituyen, en el momento actual, las que de manera urgente debieran ser abordadas en el camino hacia “una mayor gobernanza económica de la zona euro”. En cualquier caso ya es dramáticamente urgente que el BCE se convierta en un cortafuegos creíble frente al deterioro de las deudas soberanas.
El problema de la deuda española reside en el elevado endeudamiento privado, no en el volumen de la deuda pública que presenta sobre el PIB uno de los mejores ratios de la eurozona. Y es, precisamente, la rápida consolidación fiscal la que no contribuye como debiera, desde el gasto público, a los estímulos expansivos que necesitan los deudores privados para hacer frente, en menor tiempo y con menores dificultades, a sus compromisos financieros. Por consiguiente, de la mal llamada austeridad no sólo sufren los ingresos del Estado y los servicios esenciales que configuran el estado del bienestar. Sufre la economía en su conjunto, las empresas y el empleo.
La reciente constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria que dará cobertura a la gestión del saldo presupuestario mediante una regla automática, carece de argumentos económicos consistentes y su explicación sólo puede buscarse en motivos de naturaleza política relacionados con un gran chantaje: a cambio de controlar la “hemorragia” de nuestra deuda, la gibarización de nuestro Estado. Es la imposición vicaria de un BCE cada vez más ajeno a las necesidades de los Estados. Los intereses generales no pueden dejarse abandonados a “reglas de oro”, recetas ya inservibles que la realidad de la crisis refuta, y que esconden, con el recurso a automatismos supuestamente técnicos, desconfianza en la propia democracia.
Una reforma estructural de la Gobernanza Europea, que confiera al Parlamento Europeo la capacidad de elegir el gobierno de las instituciones europeas, es el único principio que podría legitimar las decisiones que emanen de la Unión Europea.
5- De la energía.
La energía y su suministro, como el dinero y los servicios financieros, es un bien y un servicio que impregna todas las actividades de los individuos y de las empresas. Incluso en algunos sectores productivos su coste es superior al coste del trabajo. Su regulación es, por consiguiente, esencial para que el impacto de su coste y de su calidad contribuya a la competitividad de la economía.
En España estamos muy lejos de esa contribución. Una profunda reforma estructural debe conducir los precios que pagan los consumidores a los costes reales y justificados de su producción, de su abastecimiento y de su suministro. Esto es especialmente cierto para la electricidad cuyo mercado solo alcanza a revelar los costes de la producción de mayor coste que cubre la última unidad de electricidad consumida generando beneficios injustificados, (incompatibles con el interés general) en segmentos que escapan a los mercados y a la competencia, tales son las grandes concesiones hidroeléctricas y las centrales nucleares. Y es especialmente cierto también, porque la electricidad es el principal vector energético que puede permitir el aprovechamiento masivo de recursos autóctonos renovables, cuestión no sólo clave para la gestión de la mayor amenaza que gravita sobre nuestro Planeta –el Cambio Climático- sino también para alcanzar, en el medio plazo, la mayor contribución a la competitividad de nuestra economía que pueda imaginarse: independencia energética, innovación, creación de empleo, mejora de nuestra balanza de pagos, contención de la contaminación medioambiental inherente al crecimiento económico, y disminución de costes para las familias y las empresas. Para ello, tan profunda tendrá que ser la reforma estructural necesaria que la regulación de la energía deberá partir desde cero. Naturalmente todo ello sin menoscabo de la seguridad jurídica y de la confianza legítima que debe presidir toda reforma en defensa de los ciudadanos, las empresas, las instituciones y el Estado de Derecho.
Las reformas que se acometan deben poner las bases para garantizar la corrección de la creciente desigualdad que se está imponiendo en los Estados de la Unión Europea. Europa es su Estado del Bienestar. Su retroceso, pondría en cuestión el propio proyecto de la integración europea.
Economistas Frente a la Crisis, con este segundo Manifiesto, reitera su llamamiento a los economistas, y a los ciudadanos en general, para que no ceje el debate desde el que se puedan construir propuestas capaces de influir en la comprensión social de la naturaleza de la crisis y, por consiguiente, en las decisiones políticas más eficaces para su gestión. Los economistas no podemos permanecer ajenos ni indiferentes al aumento de la inequidad social. No sólo se trata de una cuestión de solidaridad, también de eficiencia. Al fin ambas cosas son interdependientes. Necesitamos más mercado y más reformas estructurales, pero no las que nos están vendiendo. Esas son las de siempre, las que nos trajeron hasta esta crisis.
Los abajo firmantes, porque consideramos que los economistas tenemos la obligación de devolver a la sociedad los conocimientos que la sociedad nos ha permitido adquirir, hacemos un llamamiento a los economistas para que contribuyan, desde el debate, a una salida progresista a la crisis. Por ello, Economistas Frente a la Crisis, abierto a todos los economistas y ciudadanos que compartan nuestra preocupación, seguirá estando presente aportando sus propuestas y sus análisis. En juego está el estado del bienestar, es decir, la Europa del progreso.
Primeros firmantes:
Jorge Fabra Utray (Economista y Doctor en Derecho)
Juan I. Bartolomé Gironella (Economista)
Concha Toquero (Economista y Técnico de la Admón. Civil)
Mariano Nava Calvo (Economista. Empresario y Consultor)
Francisco Fernandez Montes (Economista)
Carlos San Juan Mesonada (Economista. Catedrat. Jean Monnet UCIIM)
Julio Rodriguéz Lopéz (Economista. Doct. en Economía; Estadíst. INE)
Jorge Fabra Portela (Economista. Téc. Co. y Econo. del Estado)
Jose Luis Jimenez (Economista)
Juan I. Palacio Morena (Economista. Catedrát. de Economía Aplicada)
Lola Grandal (Economista. Profe. Titular de Economía UCM)
Eduardo Moreno (Economista)
Mauro Lozano (Economista)
José Moisés Martin (Economista)
Francisco Linde Castro (Economista)
Juan José Azcona (Economista)
Alfonso Prieto (Economista)
Ricardo Lovelace (Economista)
Alejandro Inurrieta (Economista)
Mercedes Puelles (Economista)
Natalia Fabra (Economista. Prof, Titular de Universidad UCIIIM)
Gerardo Novales (Ingeniero Industrial y Economista)
Bruno Estrada (Economista)
Eduardo Gutierrez Benito (Economista)
Alfonso Alarcón (Economista)
Isabel Figuerola-Ferreti (Economista. Prof. Economía UCIIIM)
Antonio González González (Economista)
Enrique Benedicto (Economista)
Puede ver esta noticia en www.nuevatribuna.es: http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/2011-12-21/manifiesto-de-economistas-frente-a-la-crisis/2011122117153400456.html
EMPLEO Y CUALIFICACION
España es el país de la UE con más trabajadores sobrecualificados para su puesto
LA LEY 13669/2011
El 31% de los trabajadores españoles están sobrecualificados, es decir, tienen un nivel de formación superior al que exige su empleo. Se trata de la tasa más alta de toda la UE y supera ampliamente la media comunitaria, que se sitúa en el 19%.
Tras España, Irlanda (con el 29%) y Chipre (27%) son los Estados miembros con mayor porcentaje de trabajadores sobrecualificados, frente a República Checa y Eslovenia (7%), que registran las tasas más bajas, según un estudio de la focina estadística Eurostat.
En los grandes países de la eurozona, la tasa de sobrecualificación entre los adultos de edades comprendidas entre 25 y 54 años se sitúa alrededor de la media de la UE, excepto en el caso de Italia donde es muy inferior (13%). Alemania y Reino Unido alcanzan el 20%, y Francia registra el 19%. Los datos de Eurostat corresponden al año 2008.
La sobrecualificación es todavía más grave en el caso de los trabajadores extranjeros en España, colectivo en el que alcanza el 58%. Sólo los trabajadores extranjeros en Grecia sufren una tasa de sobrecualificación superior (62%).
El informe de Eurostat resalta las grandes diferencias en España -y también en el resto de Estados miembros- entre los trabajadores nativos y los extranjeros, no sólo en materia de sobrecualificación sino en cuanto a riesgo de pobreza (que afecta al 18% de los nativos y al 32% de los extranjeros) o la probabilidad de residir en una vivienda hacinada (3% frente a 12%).
Fuente: Europa Press
lunes, 19 de diciembre de 2011
BANCOS Y BANCADAS
¿Un Banco Malo al servicio de quién? ¿Bankia-Rato?
Manel García Biel -Actualizado 19 Diciembre 2011 - 09:54 h.
De buen inicio se sabía que el principal problema del sistema financiero español era la gran cantidad de activos inmobiliarios que tienen los bancos. Estos activos son consecuencia de la burbuja inmobiliaria que financiaron y por la que se endeudaron en el mercado financiero exterior. Los activos que hoy figuran en sus balances, con un valor irreal, son en gran parte imposibles de realizar a corto y medio plazo, y graban como una losa sus cuentas.
Esta situación que afectaba de forma más importante a las cajas de ahorro ha estado en el origen de la crisis financiera. Es evidente que se podría haber actuado desde el inicio sobre este tema, pero siempre con compensaciones claras: toma del control por parte del estado sobre las entidades afectadas; depuración de responsabilidades y establecimiento de objetivos a las empresas rescatadas para hacer fluir el crédito hacia la sociedad.
Es evidente que se ha optado por otra vía que ha sido la de la concentración de entidades y la desaparición práctica de las cajas de ahorro priorizando su conversión en entidades bancarias privadas. También está claro que hasta ahora el proceso ha permitido una concentración que en muchos casos no ha comportado la creación de entidades más sólidas sino incluso podríamos decir que las entidades delicadas han llegado a condicionar negativamente a las que se han hecho cargo de ellas. Y todo ello a pesar de los fondos dedicados a su reconversión, que por otra parte ha supuesto la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector, y prácticamente ninguna responsabilidad de los directivos irresponsables. Sólo se está procediendo como máximo contra directivos que además se han beneficiado de forma poco regular.
Ahora toma fuerza la teoría de que el Gobierno del PP pondrá en marcha un banco malo que se haría cargo de los activos inmobiliarios "tóxicos", es decir difíciles de colocar, que tienen en estos momentos las entidades bancarias y la cantidad de los cuales puede superar los 150 mil millones de euros.
Es indudable que el banco malo supone un coste para el Estado, es decir el precio que pagará a los bancos para comprarles los activos. El precio será sin duda inferior al que de forma irreal figura hoy en los balances de las entidades financieras, tenemos el ejemplo de Irlanda donde se compraron al 59% de su valor. Esto podría conllevar que el Estado pagara de una forma o de otro más de 75.000 millones de euros.
Es evidente que el banco malo tendría unos beneficiarios, las entidades financieras más afectadas. Y unos perjudicados, los ciudadanos que una vez más pagarían el coste de una actuación privada irresponsable.
Es por ello que considero que el banco malo no es la solución. No se puede continuar con una política en la que los beneficios sean siempre privados y las pérdidas se socialicen.
Entre las entidades bancarias hay quien más se beneficiaría y a quién le afectaría menos. Así hemos visto como Botin se manifestaba en contra, por que tanto el Santander como el BBVA no serían los más favorecidos por esta cuestión. La Caixa calla, por que de momento puede aguantar la situación.
No hay duda de que quien más lo necesita, y quien más beneficiaría de la creación de un banco malo sería Bankia. La entidad que preside Rodrigo Rato es la más afectada en estos momentos, la que acumula una mayor cantidad de inmovilizado "tóxico", es decir inmuebles y especialmente suelo sin edificar que tardará años en poder poner en el mercado. La fusión que dio lugar a Bankia sumó las deudas inmobiliarias de Caja Madrid y Bancaja, dos de las que más tenían. Por eso el banco malo sería una buena ayuda para Bankia y su BFA (Banco Financiero y de Ahorros), que aglutina la mayor parte de los inmuebles malos.
Es evidente que el peso y la influencia de Rato en el PP es importante. Y que el PP no se puede permitir que una entidad presidida por Rodrigo Rato pueda tener problemas porque eso afectaría de forma más o menos grave al propio Gobierno de Rajoy. Ciertamente que el banco malo no resolvería todos los problemas de Bankia, pero la dejaría en mejor posición para afrontar nuevas aventuras como podrían ser su integración dentro de un grupo mayor. Se habla de CaixaBank, las relaciones de Rato y Fainé son estrechas, y Fainé cree que tienen una deuda con él por haber ayudado a reestructurar (¿liquidar?) el sector de cajas. Por otra parte, de producirse una situación como esta, conllevaría regularizar el hecho de que la tercera entidad financiera todavía esté bajo el control de una caja de ahorros, "la Caixa", y además Fainé ya no estaría sometido a la limitación de mandatos que la regulación establece para las cajas. La operación daría lugar a una gran entidad financiera aunque tendría fuertes costes, supondría una gran reestructuración de oficinas y de una plantilla de más de 40.000 trabajadores. Y con un resultado, de entrada, no garantizado: crear una gran entidad que fuera sólida y que pudiera cumplir su función de canalizadora del crédito.
¿El banco malo resuelve los problemas del sector financiero y la falta de crédito? Podríamos decir que es difícilmente creíble. Ayudaría a las entidades más afectadas a estar en mejor situación, ya que su objetivo inicial será reducir sus grandes deudas, que todavía tienen con el mercado financiero internacional, y por tanto ganarían en solvencia, pero eso no quiere decir que comporte que vuelvan a abrir el grifo del crédito que el país precisa.
¿Y a todo esto que dice el inefable MAFO? ¿Que dice el Gobernador del Banco de España? El hombre que ha logrado su objetivo de liquidar las cajas de ahorros. Que no ha hecho ninguna autocrítica de cómo se ha llegado a esta situación. De los errores de gran endeudamiento inmobiliario. De las irregularidades que se han dado. MAFO que tanto habla de todo, de reformas laborales, de pensiones etc. Ahora se ha quedado mudo.
Esta situación que afectaba de forma más importante a las cajas de ahorro ha estado en el origen de la crisis financiera. Es evidente que se podría haber actuado desde el inicio sobre este tema, pero siempre con compensaciones claras: toma del control por parte del estado sobre las entidades afectadas; depuración de responsabilidades y establecimiento de objetivos a las empresas rescatadas para hacer fluir el crédito hacia la sociedad.
Es evidente que se ha optado por otra vía que ha sido la de la concentración de entidades y la desaparición práctica de las cajas de ahorro priorizando su conversión en entidades bancarias privadas. También está claro que hasta ahora el proceso ha permitido una concentración que en muchos casos no ha comportado la creación de entidades más sólidas sino incluso podríamos decir que las entidades delicadas han llegado a condicionar negativamente a las que se han hecho cargo de ellas. Y todo ello a pesar de los fondos dedicados a su reconversión, que por otra parte ha supuesto la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector, y prácticamente ninguna responsabilidad de los directivos irresponsables. Sólo se está procediendo como máximo contra directivos que además se han beneficiado de forma poco regular.
Ahora toma fuerza la teoría de que el Gobierno del PP pondrá en marcha un banco malo que se haría cargo de los activos inmobiliarios "tóxicos", es decir difíciles de colocar, que tienen en estos momentos las entidades bancarias y la cantidad de los cuales puede superar los 150 mil millones de euros.
Es indudable que el banco malo supone un coste para el Estado, es decir el precio que pagará a los bancos para comprarles los activos. El precio será sin duda inferior al que de forma irreal figura hoy en los balances de las entidades financieras, tenemos el ejemplo de Irlanda donde se compraron al 59% de su valor. Esto podría conllevar que el Estado pagara de una forma o de otro más de 75.000 millones de euros.
Es evidente que el banco malo tendría unos beneficiarios, las entidades financieras más afectadas. Y unos perjudicados, los ciudadanos que una vez más pagarían el coste de una actuación privada irresponsable.
Es por ello que considero que el banco malo no es la solución. No se puede continuar con una política en la que los beneficios sean siempre privados y las pérdidas se socialicen.
Entre las entidades bancarias hay quien más se beneficiaría y a quién le afectaría menos. Así hemos visto como Botin se manifestaba en contra, por que tanto el Santander como el BBVA no serían los más favorecidos por esta cuestión. La Caixa calla, por que de momento puede aguantar la situación.
No hay duda de que quien más lo necesita, y quien más beneficiaría de la creación de un banco malo sería Bankia. La entidad que preside Rodrigo Rato es la más afectada en estos momentos, la que acumula una mayor cantidad de inmovilizado "tóxico", es decir inmuebles y especialmente suelo sin edificar que tardará años en poder poner en el mercado. La fusión que dio lugar a Bankia sumó las deudas inmobiliarias de Caja Madrid y Bancaja, dos de las que más tenían. Por eso el banco malo sería una buena ayuda para Bankia y su BFA (Banco Financiero y de Ahorros), que aglutina la mayor parte de los inmuebles malos.
Es evidente que el peso y la influencia de Rato en el PP es importante. Y que el PP no se puede permitir que una entidad presidida por Rodrigo Rato pueda tener problemas porque eso afectaría de forma más o menos grave al propio Gobierno de Rajoy. Ciertamente que el banco malo no resolvería todos los problemas de Bankia, pero la dejaría en mejor posición para afrontar nuevas aventuras como podrían ser su integración dentro de un grupo mayor. Se habla de CaixaBank, las relaciones de Rato y Fainé son estrechas, y Fainé cree que tienen una deuda con él por haber ayudado a reestructurar (¿liquidar?) el sector de cajas. Por otra parte, de producirse una situación como esta, conllevaría regularizar el hecho de que la tercera entidad financiera todavía esté bajo el control de una caja de ahorros, "la Caixa", y además Fainé ya no estaría sometido a la limitación de mandatos que la regulación establece para las cajas. La operación daría lugar a una gran entidad financiera aunque tendría fuertes costes, supondría una gran reestructuración de oficinas y de una plantilla de más de 40.000 trabajadores. Y con un resultado, de entrada, no garantizado: crear una gran entidad que fuera sólida y que pudiera cumplir su función de canalizadora del crédito.
¿El banco malo resuelve los problemas del sector financiero y la falta de crédito? Podríamos decir que es difícilmente creíble. Ayudaría a las entidades más afectadas a estar en mejor situación, ya que su objetivo inicial será reducir sus grandes deudas, que todavía tienen con el mercado financiero internacional, y por tanto ganarían en solvencia, pero eso no quiere decir que comporte que vuelvan a abrir el grifo del crédito que el país precisa.
¿Y a todo esto que dice el inefable MAFO? ¿Que dice el Gobernador del Banco de España? El hombre que ha logrado su objetivo de liquidar las cajas de ahorros. Que no ha hecho ninguna autocrítica de cómo se ha llegado a esta situación. De los errores de gran endeudamiento inmobiliario. De las irregularidades que se han dado. MAFO que tanto habla de todo, de reformas laborales, de pensiones etc. Ahora se ha quedado mudo.
Puede ver este artículo de opinión en www.nuevatribuna.es:http://www.nuevatribuna.es/opinion/manel-garcia-biel/2011-12-18/-un-banco-malo-al-servicio-de-quien-bankia-rato/2011121818584900573.html
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domingo, 18 de diciembre de 2011
VOLVERÉ
CORREN RUMORES QUE EL SR. DAMIAN CANOVES VUELVE A MOVERSE EN LAS TENEBROSAS Y TURBIAS AGUAS DEL PSIB-PSOE.-
LOS FARMACEÚTICOS Y LA POLITICA EN LA CAIB. EN TODAS PARTES CUECEN HABAS Y SALE CADA POTAJE DE COLLONS EN LA ACTUALIDAD Y ANTES, HAY TRES DE RECONOCIDA SOLVENCIA.-
LO DE LAS MEMORIAS PARCIALES, QUE SON UN LAPSUS MENTAL, UNA MANIPULACIÓN O UNA XORRADA.-
LOS FARMACEÚTICOS Y LA POLITICA EN LA CAIB. EN TODAS PARTES CUECEN HABAS Y SALE CADA POTAJE DE COLLONS EN LA ACTUALIDAD Y ANTES, HAY TRES DE RECONOCIDA SOLVENCIA.-
LO DE LAS MEMORIAS PARCIALES, QUE SON UN LAPSUS MENTAL, UNA MANIPULACIÓN O UNA XORRADA.-
suma cero, tal vez menos
La ideología, Bauzá, Aguiló... y la suma cero
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CARLES MANERA (*) El discurso presupuestario del vicepresidente Aguiló, correcto en las formas (cosa que es de agradecer), se caracterizó por un elemento esencial en su fondo, común al conjunto argumental del neoconservadurismo: su patente ideologización. La ideología está más presente que nunca en el mundo económico actual. Quienes estimulan eso y profesan esa "retórica" de la economía, son las mismas personas que descalifican el keynesianismo como una opción ideologizada. El mantra es de una simpleza total, sin apenas matices: urge adelgazar la administración pública (sin que se explique cómo), debe estimularse la empresa privada (con palancas ya existentes, nada nuevo bajo el Sol); el mercado es la institución que lo regula todo (afirmación que suele llevar disgustos amagados a algunos sectores empresariales que, curiosamente, no saben operar sin la intervención pública y quieren manos bien visibles); y se impone bajar los impuestos, toda vez que se dibujará, poderosa, la curva de Laffer, es decir, se acabará recaudando más (si bien no existe un solo ejemplo serio en historia económica que avale esa tesis). El peso de la ideología es, pues, enorme. E infiere la consolidación del pensamiento único, esa exclusiva línea incuestionada para desarrollar política económica, que lo acaba por impregnar todo. Un pensamiento unívoco que configura el marco y construye el relato (según la interpretación de Lakoff), para concluir que al margen de todo ello sólo existe la nada. Eso es, sin duda, un éxito de los think thank de la derecha, que ha contaminado, además, a la izquierda.
Las palabras de Bauzá cuando habla de Economía, o el discurso de Aguiló sobre el presupuesto, que he leído con atención y respeto (a parte de otras declaraciones suyas sobre temas económicos), sugieren al lector que estamos ante dos creyentes de la prédica ultraliberal. Y digo creyentes porque lo que dicen se sustenta, estrictamente, en la fe; no invita a aplicar parámetros presididos por el discurso científico, habida cuenta que la concreción roza el cero (y ya saben que la ciencia suele ser materialista). Comprendo que en el fragor político, en la esgrima discursiva, se utilicen licencias o incluso se produzcan excesos, siempre que estén sometidos a unos mínimos de educación y cautela hacia la disensión ajena. Pero debo confesar que, dicho esto, no entra en mi elenco de torpezas una que me parece criticable, para alguien que maneja un presupuesto público: que dos más dos, mire usted por dónde, siempre suman cuatro. Y digo esta perogrullada porque, en ocasiones, Bauzá y Aguiló no parecen dar a la tecla de la calculadora, y se ensueñan en la especulación, bajo el tinte de la ideología. Porque, vamos a ver, se puede criticar ácidamente la gestión anterior arguyendo, incluso, que yo estaba orgulloso por haber generado tanta deuda pública. Pero lo que ningún colega podrá negarme es que siempre se habló con claridad meridiana: que, en efecto, se aumentaba la deuda pública, y no se escondía; que, de igual forma, se provocaba más déficit, y se comunicaba; que nunca se habló de "brotes verdes" cuando se hacía por muchas comunidades incluidas las del PP; y que, en fin, se presupuestaba en desequilibrio por un tema tan simple como contundente, que igualmente se advertía: porque los ingresos caían a niveles de una década anterior, y se apostaba por desarrollar políticas públicas. Lo que no puede decirse, porque ofende la inteligencia, es que se harán ajustes para cuadrar el déficit, se va a reducir deuda y, además, se van a mantener los servicios públicos. Oigan, esto no encaja: los panes y los peces se multiplicaron una sola vez, y fue alguien infinitamente más importante que nosotros quien hizo el milagro. Aquí, la ideología falla, porque deviene una falsedad, una falacia. Les confieso que prefiero las posiciones de mi admirado amigo Andreu Mas-Colell, que dice que se van a recortar los servicios públicos para cuadrar las cuentas, y sus pasos se encaminan hacia ese escenario. No comparto esa política pública, pero al menos es coherente con la ideología que defiende. Pero he aquí que resulta que Bauzá y Aguiló acaban siendo un híbrido entre Hayek y Keynes, una síntesis rara de perfil frankensteniano, alejada de la síntesis del gran Paul Samuelson. Porque quieren recortar€ pero por lo que dicen a trocitos cortos, para preservar€ lo que defienden los keynesianos, es decir, un cierto welfare state. Eso sí: sin aumentar ingresos. Insólito.
¿Quieren datos? Ahí van. El 2011 se cerrará con un déficit importante, superior al permitido. Y eso, lo aviso, no podrá ser adjudicado únicamente al gobierno anterior. El 2012 las cosas no pintan mejor, y esto lo sabe el equipo de Aguiló. El presupuesto es pura ciencia-ficción: es un sí, pero no, y ja ho veurem€ Se clausurará el año con un gasto consolidado en la sanidad pública que rondará los 1.400 millones de euros, mientras esos presupuestos presuntamente "realistas" nos hablan de 1.200 millones. Sólo aquí (sin contar Educación o Servicios Sociales) hay un desequilibrio de poco más de 200 millones que, o bien deberán recortarse de forma drástica en el curso del ejercicio 2012 (como, insisto, está haciendo Mas-Colell en Catalunya y lo está comunicando sin tapujos) para llegar al 1,3% de déficit sobre PIB (que es el permitido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera); o bien se puede tirar adelante, con lo que el incumplimiento penalizará la emisión de deuda pública balear, permitida por el Consejo de Ministros. En este punto, vean otro dato alarmante: para 2012, se habla de una deuda de poco más de 900 millones de euros, la cifra más elevada de cualquier ejercicio económico (¿ven como la ideología se disloca?), mientras el Ejecutivo de Bauzá se las ve y se las desea para protocolizar poco más de cien millones de euros. Poca carga para unas alforjas que pretenden ir estibadas de más mercado, más puntos de equilibrio, más liberalismo económico, más estímulo a los emprendedores. La realidad, tozuda, se impone.
La guinda de Bauzá no tiene desperdicio: sus comentarios e interpretaciones sobre el rating negativo de Standars&Poors para Balears, en el sentido de que, según el president, se confirma lo mal que lo hizo el gobierno anterior. Alguien debería explicarle a Bauzá cómo funciona una auditoría de rating: qué se procesa y qué ingredientes se tienen en cuenta (entre otros, no se olvide, las propias declaraciones de los políticos: lo advertí hace ya meses). Entiendo que, desde el PP, se quiera lanzar a la hoguera la gestión del Ejecutivo de Antich; pero, bueno, a este paso se nos acabará culpando de la muerte de Manolete, tal es el exceso en el que se incurre por parte de los portavoces del PP. Incluida, por cierto, la señora Cabrer que, como todo el mundo sabe, fue un prodigio en su gestión pública dado el recato en el gasto que la caracterizó, con episodios comprobables en las autopistas de Eivissa o en el Metro de Palma. Todo a precio de canari jove. Ahí tampoco se acaba por entender que las matemáticas tienen sus propios diablos (como ilustra Hans Magnus Eszenberger) y que, en efecto, nos pongamos como nos pongamos, dos y dos siempre van a sumar cuatro. Acabo: reconocer de forma vehemente los desequilibrios no significa aplaudirlos; implica no engañar a la gente con fundamentos ideológicos de enorme simpleza. En Economía, lo he dicho siempre, la mentira tiene piernas muy cortas. Pero ignorar que existe el juego de suma cero supone caer no en la ciencia lúgubre de Carlyle (que así definió a la ciencia económica), sino en el más abyecto del patetismo. Ideológico, para más señas.
(*) Catedràtic d´Història i Institucions Econòmiques i exconseller d´Economia i Hisenda
Las palabras de Bauzá cuando habla de Economía, o el discurso de Aguiló sobre el presupuesto, que he leído con atención y respeto (a parte de otras declaraciones suyas sobre temas económicos), sugieren al lector que estamos ante dos creyentes de la prédica ultraliberal. Y digo creyentes porque lo que dicen se sustenta, estrictamente, en la fe; no invita a aplicar parámetros presididos por el discurso científico, habida cuenta que la concreción roza el cero (y ya saben que la ciencia suele ser materialista). Comprendo que en el fragor político, en la esgrima discursiva, se utilicen licencias o incluso se produzcan excesos, siempre que estén sometidos a unos mínimos de educación y cautela hacia la disensión ajena. Pero debo confesar que, dicho esto, no entra en mi elenco de torpezas una que me parece criticable, para alguien que maneja un presupuesto público: que dos más dos, mire usted por dónde, siempre suman cuatro. Y digo esta perogrullada porque, en ocasiones, Bauzá y Aguiló no parecen dar a la tecla de la calculadora, y se ensueñan en la especulación, bajo el tinte de la ideología. Porque, vamos a ver, se puede criticar ácidamente la gestión anterior arguyendo, incluso, que yo estaba orgulloso por haber generado tanta deuda pública. Pero lo que ningún colega podrá negarme es que siempre se habló con claridad meridiana: que, en efecto, se aumentaba la deuda pública, y no se escondía; que, de igual forma, se provocaba más déficit, y se comunicaba; que nunca se habló de "brotes verdes" cuando se hacía por muchas comunidades incluidas las del PP; y que, en fin, se presupuestaba en desequilibrio por un tema tan simple como contundente, que igualmente se advertía: porque los ingresos caían a niveles de una década anterior, y se apostaba por desarrollar políticas públicas. Lo que no puede decirse, porque ofende la inteligencia, es que se harán ajustes para cuadrar el déficit, se va a reducir deuda y, además, se van a mantener los servicios públicos. Oigan, esto no encaja: los panes y los peces se multiplicaron una sola vez, y fue alguien infinitamente más importante que nosotros quien hizo el milagro. Aquí, la ideología falla, porque deviene una falsedad, una falacia. Les confieso que prefiero las posiciones de mi admirado amigo Andreu Mas-Colell, que dice que se van a recortar los servicios públicos para cuadrar las cuentas, y sus pasos se encaminan hacia ese escenario. No comparto esa política pública, pero al menos es coherente con la ideología que defiende. Pero he aquí que resulta que Bauzá y Aguiló acaban siendo un híbrido entre Hayek y Keynes, una síntesis rara de perfil frankensteniano, alejada de la síntesis del gran Paul Samuelson. Porque quieren recortar€ pero por lo que dicen a trocitos cortos, para preservar€ lo que defienden los keynesianos, es decir, un cierto welfare state. Eso sí: sin aumentar ingresos. Insólito.
¿Quieren datos? Ahí van. El 2011 se cerrará con un déficit importante, superior al permitido. Y eso, lo aviso, no podrá ser adjudicado únicamente al gobierno anterior. El 2012 las cosas no pintan mejor, y esto lo sabe el equipo de Aguiló. El presupuesto es pura ciencia-ficción: es un sí, pero no, y ja ho veurem€ Se clausurará el año con un gasto consolidado en la sanidad pública que rondará los 1.400 millones de euros, mientras esos presupuestos presuntamente "realistas" nos hablan de 1.200 millones. Sólo aquí (sin contar Educación o Servicios Sociales) hay un desequilibrio de poco más de 200 millones que, o bien deberán recortarse de forma drástica en el curso del ejercicio 2012 (como, insisto, está haciendo Mas-Colell en Catalunya y lo está comunicando sin tapujos) para llegar al 1,3% de déficit sobre PIB (que es el permitido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera); o bien se puede tirar adelante, con lo que el incumplimiento penalizará la emisión de deuda pública balear, permitida por el Consejo de Ministros. En este punto, vean otro dato alarmante: para 2012, se habla de una deuda de poco más de 900 millones de euros, la cifra más elevada de cualquier ejercicio económico (¿ven como la ideología se disloca?), mientras el Ejecutivo de Bauzá se las ve y se las desea para protocolizar poco más de cien millones de euros. Poca carga para unas alforjas que pretenden ir estibadas de más mercado, más puntos de equilibrio, más liberalismo económico, más estímulo a los emprendedores. La realidad, tozuda, se impone.
La guinda de Bauzá no tiene desperdicio: sus comentarios e interpretaciones sobre el rating negativo de Standars&Poors para Balears, en el sentido de que, según el president, se confirma lo mal que lo hizo el gobierno anterior. Alguien debería explicarle a Bauzá cómo funciona una auditoría de rating: qué se procesa y qué ingredientes se tienen en cuenta (entre otros, no se olvide, las propias declaraciones de los políticos: lo advertí hace ya meses). Entiendo que, desde el PP, se quiera lanzar a la hoguera la gestión del Ejecutivo de Antich; pero, bueno, a este paso se nos acabará culpando de la muerte de Manolete, tal es el exceso en el que se incurre por parte de los portavoces del PP. Incluida, por cierto, la señora Cabrer que, como todo el mundo sabe, fue un prodigio en su gestión pública dado el recato en el gasto que la caracterizó, con episodios comprobables en las autopistas de Eivissa o en el Metro de Palma. Todo a precio de canari jove. Ahí tampoco se acaba por entender que las matemáticas tienen sus propios diablos (como ilustra Hans Magnus Eszenberger) y que, en efecto, nos pongamos como nos pongamos, dos y dos siempre van a sumar cuatro. Acabo: reconocer de forma vehemente los desequilibrios no significa aplaudirlos; implica no engañar a la gente con fundamentos ideológicos de enorme simpleza. En Economía, lo he dicho siempre, la mentira tiene piernas muy cortas. Pero ignorar que existe el juego de suma cero supone caer no en la ciencia lúgubre de Carlyle (que así definió a la ciencia económica), sino en el más abyecto del patetismo. Ideológico, para más señas.
(*) Catedràtic d´Història i Institucions Econòmiques i exconseller d´Economia i Hisenda
FUNCION PUBLICA Y DEMAGOGIA
En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren
Juan Torres López -Actualizado 17 Diciembre 2011 - 15:00 h.
El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en "Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer").
Veamos qué hay de verdad en ello.
En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).
Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.
El número de empleados públicos en España es de unos 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.
Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.
Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo.
Veamos qué hay de verdad en ello.
En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).
Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.
El número de empleados públicos en España es de unos 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.
Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.
Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo.
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miércoles, 14 de diciembre de 2011
CAYO LARA REALLITY
Cayo Lara se ha equivocado
María Dolores Amorós -Actualizado 14 Diciembre 2011 - 19:17 h.
Cayo Lara con la actitud de postergar a Gaspar Llamazares a una cuarta portavocía en el Congreso de Diputados ha demostrado una actitud frustrante para buena parte de los electores de IU. Debería haberse percatado Lara de que el aumento en votos que esta formación política ha conseguido el pasado 20-N no ha sido únicamente por el rechazo a las políticas económicas de los últimos tiempos de Zapatero, sino al trabajo personal y de respeto a una izquierda de progreso y apoyo a los derechos de los trabajadores que día a día ha mostrado en el Congreso Gaspar Llamazares.
Buena parte de los ciudadanos anteriormente votantes del PSOE podrían haberse abstenido en estas elecciones generales. Sin embargo el índice de abstención no ha sido precisamente llamativo. Y es que ha habido una fuga de votos a otras representaciones políticas. Algunos se han inclinado hacia UPyD, pero desde el PSOE pocos. Los más han ido a arropar con ilusión la idea que una sola persona con su coraje y seriedad ha mantenido nítida y persistente a lo largo de la legislatura, y esa persona ha sido Llamazares. El mundo de la cultura, en su gran mayoría, lo manifestó públicamente. Y si Gaspar Llamazares hubiera ido de candidato por Madrid el número de votos se hubiera visto mayormente incrementado.
Por todo ello relegar en el Congreso a Llamazares a un puesto más bien irrelevante no sólo ha representado una humillación para él, sino una desilusión para sus votantes y la constatación de que todos, sin excepción, cuando alcanzan el 'poder' se olvidan de lo más elemental. Este ha sido el lamentable error de Cayo Lara.
Captar al votante es fácil; lo dificultoso es mantenerlo fiel. Exactamente como sucede con el comerciante, conseguir un cliente es sencillo, mantenerlo ya es más difícil.
Desde el momento presente la formación política IU ha perdido credibilidad para aquellos que a ella acudieron en busca de formalidad, en busca de una actuación más democrática y justa. El nuevo cliente está desencantado.
En la constitución del nuevo Congreso, desde su escaño y con la valentía y claridad de siempre, la voz de Llamazares ha irrumpido con fuerza exigiendo que se cumpliera el art. 72.2: la lectura pública de las normas que pueden informan e ilustrar a todos los diputados -en especial a los nuevos- acerca del tema que se está debatiendo (en este caso la constitución de la Mesa del Congreso), y clarificar que IU, como tercera formación política más votada en España, debería estar representada en dicha Mesa.
Aunque la petición de Llamazares no ha sido atendida por el presidente de la mesa de edad, Juan Manuel Albendea, la singularidad y valentía de este hombre ha puesto una vez más en relieve que su persona es merecedora de una posición más visible en IU.
Buena parte de los ciudadanos anteriormente votantes del PSOE podrían haberse abstenido en estas elecciones generales. Sin embargo el índice de abstención no ha sido precisamente llamativo. Y es que ha habido una fuga de votos a otras representaciones políticas. Algunos se han inclinado hacia UPyD, pero desde el PSOE pocos. Los más han ido a arropar con ilusión la idea que una sola persona con su coraje y seriedad ha mantenido nítida y persistente a lo largo de la legislatura, y esa persona ha sido Llamazares. El mundo de la cultura, en su gran mayoría, lo manifestó públicamente. Y si Gaspar Llamazares hubiera ido de candidato por Madrid el número de votos se hubiera visto mayormente incrementado.
Por todo ello relegar en el Congreso a Llamazares a un puesto más bien irrelevante no sólo ha representado una humillación para él, sino una desilusión para sus votantes y la constatación de que todos, sin excepción, cuando alcanzan el 'poder' se olvidan de lo más elemental. Este ha sido el lamentable error de Cayo Lara.
Captar al votante es fácil; lo dificultoso es mantenerlo fiel. Exactamente como sucede con el comerciante, conseguir un cliente es sencillo, mantenerlo ya es más difícil.
Desde el momento presente la formación política IU ha perdido credibilidad para aquellos que a ella acudieron en busca de formalidad, en busca de una actuación más democrática y justa. El nuevo cliente está desencantado.
En la constitución del nuevo Congreso, desde su escaño y con la valentía y claridad de siempre, la voz de Llamazares ha irrumpido con fuerza exigiendo que se cumpliera el art. 72.2: la lectura pública de las normas que pueden informan e ilustrar a todos los diputados -en especial a los nuevos- acerca del tema que se está debatiendo (en este caso la constitución de la Mesa del Congreso), y clarificar que IU, como tercera formación política más votada en España, debería estar representada en dicha Mesa.
Aunque la petición de Llamazares no ha sido atendida por el presidente de la mesa de edad, Juan Manuel Albendea, la singularidad y valentía de este hombre ha puesto una vez más en relieve que su persona es merecedora de una posición más visible en IU.
Puede ver este artículo de opinión en www.nuevatribuna.es:http://www.nuevatribuna.es/opinion/maria-dolores-amoros/2011-12-14/cayo-lara-se-ha-equivocado/2011121417575600497.html
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