lunes, 30 de enero de 2012

PSOISIMO DEL PSOE

Chacón & compañía

El influyente entorno de la exministra levanta profundas suspicacias en un sector del partido


Carme Chacón, en una imagen de archivo. / CARLES RIBAS
En las primarias del PSOE, el elector puede mirar a la cara al candidato, prometerle el voto y traicionarle con una sonrisa. Son comicios que se van a solventar en un acto secreto protagonizado por 956 delegados en medio de un ambiente confuso y enrarecido: la militancia socialista todavía no ha acabado de recoger los escombros de los desastres del año 2011. En esas circunstancias, cualquier cálculo es muy arriesgado. Los dos únicos antecedentes (Borrell y Zapatero) hablan de triunfos del aspirante. Esa condición la ostenta Carme Chacón, la primera mujer que aspira al máximo cargo en el socialismo español. Una candidata tenaz que ha hecho un recorrido político a la carta desde que tuviera acceso a las inmediaciones de La Moncloa. ¿Tiene además liderazgo? Ese es su reto. En medio de una campaña eficaz, rodeada de eslóganes, Chacón vende renovación a pesar de estar rodeada de casi todo el equipo original de Zapatero. Y ese entorno despierta mucho rechazo en zonas influyentes del partido. Ferraz ha vuelto al escenario bélico.
Altos cargos del partido se refieren a gente como Javier de Paz y Miguel Barroso con el apelativo de “PSOE SA”

Barroso, exsecretario de Estado de Zapatero, nunca ha dejado de intervenir en la actividad de su esposa
Esta vez no es una reedición de las disputas entre familias socialistas. Ya no hay corrientes, se han ido extinguiendo, adormecido el partido por el dominio absoluto que llegó a ejercer Zapatero. La prueba fue el 15-M: una protesta como esa, protagonizada por jóvenes con aspecto contestatario, divulgada en redes sociales, sorprendió a los socialistas en la mesa camilla delante del televisor. Ahora solo queda un cúmulo de dirigentes locales, provinciales y regionales descolocados, generalmente mal avenidos, posiblemente enfadados con el aparato. Y tienen que elegir entre un Rubalcaba ya conocido y Chacón, que en el fondo vende más de lo mismo: o sea, más Zapatero. No parecen dos opciones muy estimulantes para levantar el ánimo de un electorado. Sin embargo, bajo ese aspecto de duelo descafeinado, entre frases respetuosas y mensajes de unidad, se oculta una disputa virulenta pero también peligrosa. Una pugna en la que algunos analistas contemplan el riesgo de que el partido se deslice hacia la irrelevancia.
Carmen Chacón y su esposo, Miguel Barroso. / ZIPI (EFE)
No es una cuestión puramente ideológica. Hay una parte del partido que desconfía del entorno de Carme Chacón, de quienes se están incorporando a su campaña de forma más o menos soterrada, todos ellos procedentes de las filas de Zapatero. Y de quienes están en la cocina de la candidatura desde hace mucho tiempo. Gente todavía con mucho peso en el partido manifiesta lo siguiente en conversaciones privadas: “Rubalcaba se presenta para evitar que el partido caiga en manos de un conglomerado de intereses variados que son los que han hecho perder músculo al partido”. Y sigue: “El tema preocupa y mucho. Es de hecho el tema sobre el que pivota este congreso. Ya hemos visto qué resultado ha dado en el PSOE la influencia de determinados personajes. No podemos dejar el partido en manos de quienes han provocado una pérdida de fuerza como no habíamos visto y nos han llevado al desastre”.
Estos altos cargos del partido se refieren fundamentalmente al círculo de amistades de Zapatero, a gente como Javier de Paz y Miguel Barroso, un dúo conocido en ciertos círculos del PSOE como “PSOE SA” y que ha tendido una red de influencias e intereses. Se trata de profesionales que, según miembros del anterior Gobierno, ha estado actuando para Moncloa ininterrumpidamente, asesorando a Zapatero por encima de sus ministros y fuera incluso del núcleo duro que, en un momento dado, llegaron a formar Zapatero, Rubalcaba y Blanco. Ellos y sus círculos han tomado posición en torno a Chacón. Y, como afirma un miembro de la actual ejecutiva, “se trata de gente del exterior, que viene de fuera, que no pertenece al partido o estuvo en tiempo y lo dejó, y que tiene ahora unos intereses que no conocemos”.
Todo ha estado preparado. Mucha gente de Moncloa se ha pasado a la candidatura de Chacón

Parte de la estrategia
de la candidatura se elabora fuera del partido, según afirma un militante de Madrid
A esta influencia del exterior se une la concentración cada vez más intensa alrededor de Chacón de quienes se han mantenido fieles al presidente. La candidatura de Chacón se convierte, en una parte, en la reserva espiritual del zapaterismo. Porque hay que tener en cuenta que pugnan por la elección dos candidatos bien diferenciados en cierto aspecto: de uno se sabe prácticamente todo porque lo ha sido casi todo, así que es el otro, Chacón y su red de apoyo, hasta ahora poco conocida, quien centra las miradas de un importante sector del partido. Y ahí está la incertidumbre.
Porque las consecuencias de lo sucedido en la primavera pasada siguen vigentes. La violencia interna no ha desaparecido. Entre las municipales y las generales hubo movimiento de sables en el PSOE. No había ocurrido nunca: la cabeza del presidente estuvo a punto de rodar por Moncloa debido a un golpe propinado en Ferraz. Eso significó la propuesta de un Congreso extraordinario auspiciada por Patxi López, el líder de los socialistas vascos. Todo quedó en un cierre de filas en torno a Rubalcaba como candidato y una renuncia expresa de Chacón con lágrimas en los ojos ante las cámaras de televisión. Ese intento de golpe fue un anticipo de lo que se cuece en el PSOE estos días.
Javier de Paz. / BERNARDO PÉREZ
Y entre tanto, Zapatero disfruta de una cómoda posición: aparenta neutralidad y parece a salvo de las críticas a su gestión.
Es en este escenario como Carme Chacón llega al punto de inflexión de su carrera, aquel a partir del cual o alcanzas el liderazgo o empiezas a no ser nadie en el partido y te terminan buscando una plaza en Europa. El camino entre su militancia en las Juventudes Socialistas a los 16 años y su candidatura a la secretaría general del PSOE reúne todas las condiciones de un trayecto ordenado y bien dirigido: militante, candidata, diputada, concejala, miembro del comité federal, vicepresidenta del Congreso y ministra durante casi cuatro años.
Jaume Roures. / EFE (JULIÁN MARTÍN)
Es en el año 2000 donde el destino hace su jugada: Chacón apuesta por la candidatura de Zapatero al congreso del partido. A partir de ahí, una naciente carrera de diputada se une a un caballo ganador. Y el azar hace de las suyas: Chacón entra en el área de trabajo de Rubalcaba, en Educación, con quien colabora muy estrechamente, y quien ejerce cierto padrinazgo. Chacón se perfila como una dura opositora contra la ministra Pilar del Castillo. “Hace algo que no es frecuente: presenta una enmienda a la totalidad con un texto alternativo supervisado por ella”. Chacón gana enteros pero no es más que una diputada prometedora. Rubalcaba se dedica los últimos meses de la legislatura a trabajar con Zapatero en la campaña electoral del 2004. Allí colaborará con un viejo conocido, Miguel Barroso, con quien ya trabajó en el Ministerio de Educación con Maravall. Dos expertos en comunicación política que terminan entrando en el núcleo duro de La Moncloa a partir de la victoria del 14 de marzo. Ambos terminarán chocando frontalmente. Tanto es así que hay reuniones que dejan de celebrarse en Moncloa porque resultan incompatibles. Entonces, el destino hace una nueva pirueta: Carme Chacón se convierte en la esposa de Miguel Barroso.
Nace un triángulo, Rubalcaba-Chacón-Barroso, a partir del cual se van a explicar muchas cosas en el PSOE. Hechos que han sucedido y hechos por suceder.
El tiempo empieza a correr muy deprisa para Carme Chacón. Arranca la legislatura como vicepresidenta del Congreso al lado de Manuel Marín. Gana prestigio como una diputada concienzuda, aunque otros la tachan de dogmática, pero también como una persona cercana y abierta a la negociación. “Era una de las que engrasaban las relaciones entre el PSOE y el PSC”. Estrena su cargo como ministra de Vivienda. Se casa. Se convierte en la primera mujer que dirige el Ministerio de Defensa. Tiene un hijo.
Javier de Paz fue el contacto de Zapatero con la élite empresarial, su hombre para ocasiones especiales

Sobre mí se ha
creado una leyenda
que sobrepasa
todas las cosas, se defiende el aludido
Su llegada a Defensa es un salto cualitativo. Miguel Barroso llegó a comentar que “Zapatero era una persona que veía la política en imágenes”. La foto de una mujer embarazada al frente de los militares era perfecta. A partir de ese momento, la carrera de Chacón parece lanzada: pertenece al núcleo duro de la Moncloa y se la empieza a señalar como “la sucesora”. Los propios asesores de la Embajada norteamericana lo dejan claro en sus cables, que luego destaparía Wikileaks: “Chacón es joven, inexperta en temas de Defensa, pero sería un grave error minusvalorarla”, dicen en una primera toma. “Se rumorea”, agregaba el documento, “que Zapatero se plantea no ser candidato en 2012 y que pretende que Chacón sea su sucesora. Sea cierto o no, Chacón es una pieza poderosa”. Un informe confidencial del 25 de septiembre de 2008 dice lo siguiente: “La ministra nos ha impresionado en sus primeros meses al frente de Defensa como una persona seria que quiere trabajar con EE UU. Las dudas sobre ella aireadas por algunos de nuestros contactos militares (demasiado joven, demasiado inexperta) han desaparecido. Chacón y su marido, un ex director de comunicación de Zapatero [Miguel Barroso, ex secretario de Estado de Comunicación], son personas muy próximas a Zapatero”. Los norteamericanos dicen lo que todo el mundo sabe dentro del partido: el tique candidata Chacón-asesor Barroso es el futuro diseñado por Zapatero, como en su día Aznar quiso guiar el de Mariano Rajoy. La única diferencia es que Rajoy iba solo. Sin familia. Y Chacón, no.
Chacón contaba con un experto en casa: su marido, Miguel Barroso, un asesor presidencial por otra parte. ¿Se puede diferenciar entre lo público y lo privado en un caso así? Barroso pareció resolver sus dudas muy rápido: nunca ha dejado de interferir en la actividad de su esposa.
Barroso había dejado la Secretaría de Estado de Comunicación en septiembre de 2005 tras haber cerrado las líneas maestras de su gran obra: la reordenación del sector audiovisual, el apagón analógico y el reparto de nuevas licencias de televisión digital (TDT). Antiguos socios y colaboradores suyos se contaban entre los beneficiarios de las nuevas emisoras, sobre todo por lo que respecta a La Sexta y a la productora Mediapro. Barroso había establecido su cuartel general en la Casa de América, donde ejerció la dirección de dicha institución, pero lejos de mantenerse en un plano alejado respecto de la carrera política de su esposa, se convirtió en una figura que sobrevolaba por entre los gabinetes de Chacón.
No podemos dejar el partido en manos de quienes han provocado una pérdida de fuerza como no habíamos visto

La candidatura de Chacón se convierte, en una parte, en la
reserva espiritual del zapaterismo
Chacón no tuvo tiempo de hacer grandes cosas en Vivienda. Su paso fue efímero: “Vivienda era un ministerio artificial, sin competencias reales, casi hecho por capricho”, cuenta un ex alto cargo. “Cuando llega Chacón, se trató de buscar algo diferencial, un alquiler para jóvenes, y nos pusimos a trabajar. En la parte jurídica nos ayudó Francisco Caamaño, para evitar que se invadiera competencias con las Comunidades Autónomas, que estaba por entonces en Presidencia, en Relaciones con las Cortes. Estaba descartado hacer una ley y había que ir por la fórmula del real decreto. Nos pusimos a trabajar con mucha velocidad... Apareció una vez por ahí Barroso. Yo le conocía: era un tipo rápido, que se movía por eslóganes y tenía una relación muy directa con ZP y escasa con María Teresa Fernández de la Vega. Al principio, no le di importancia: decía que venía a recoger a Carme. Pero sí me extrañó que viniera una segunda vez, para tratar este asunto con el equipo directivo. A la segunda ya no pareció accidental. Ya no hubo más reuniones de esas en el ministerio, porque notaron la incomodidad de algunos de los participantes. Pero sí las hubo en la Casa de América. A la vuelta me lo contaron. Siempre hay un agente doble en todo esto”.
Por cierto, Chacón tuvo la oportunidad, de la que ningún otro ministro llegó a disfrutar, de anunciar esta medida en la escalinata de La Moncloa. Allí, en ese escenario, Chacón hizo anuncio solemne de su primera medida como ministra. Le había costado, dijo, “70 días y casi 70 noches de trabajo”. En el fondo este gran anuncio no fue otra cosa que un pequeño retoque de una norma adoptada meses antes por la ministra María Antonia Trujillo.
En Defensa sucedió algo parecido. Al menos durante un tiempo. Para remate, el matrimonio vivía en el piso de arriba del ministerio. Estas interferencias le hacían un flaco favor a Chacón, según un ex colaborador: “Barroso estaba demasiado pendiente de la imagen de su mujer. Ella creía que él la estaba ayudando a moldearse. Otros pensábamos que lo que hacía era crearla inseguridades”. Chacón se prodigó muy poco en conferencias de prensa durante su mandato en Defensa. Según unos colaboradores, eso se explica porque se trataba de un ministerio muy institucional. Según otros, fue decisión de Barroso.
Esta intromisión del marido en la carrera de su cónyuge, esa obsesión por controlar su imagen, no fue más que un comentario en cenáculos políticos durante algún tiempo. La situación tampoco era muy discreta porque Barroso no se cortaba a la hora de llamar a sus contactos en las redacciones de los medios de comunicación. Pero en la medida en la que a Chacón se la veía cada vez menos como ministra y más como candidata, estos detalles y su nuevo entorno comenzaron a cobrar otra dimensión dentro del partido. Así, la decisión de Chacón ha condicionado desde la derrota en las municipales todos los movimientos del partido. Tanto cuando hizo un amago de pedir primarias antes de las generales como después, Chacón no ha tenido duda alguna. La tuvo Rubalcaba. Las tuvieron otros. Chacón, nunca.
La entonces ministra de Defensa, durante una rueda de prensa del presidente Rodríguez Zapatero, en La Moncloa. / CLAUDIO ÁLVAREZ
De ahí nace la desconfianza. Todo ha estado preparado para el momento oportuno: la operación estaba diseñada en La Moncloa, fuera de La Moncloa y, en cualquier caso, al margen de las áreas del partido. Y nada más dar el primer paso, en Olula del Río (Almería) y anunciar que se presentaría, Chacón ya tenía una campaña diseñada hasta el último detalle. En pocos días, se ha ido produciendo un trasvase de gente desde La Moncloa hasta la sede de la candidatura. Un caso es Angélica Rubio, quien le llevó las tareas de prensa a Zapatero durante sus siete años y medio como presidente. Otro es Gertrudis, la secretaria de Zapatero, dueña de una de las mejores agendas del partido, una persona que, según dicen, odia a José Blanco y a Rubalcaba. Luego, los actores de reparto: los diputados que prestan su apoyo, como José Andrés Torres Mora, Juan Francisco López Aguilar, Leire Pajín, Caamaño, Miguel Ángel Moratinos... Un caso que ha sorprendido ha sido el de José María Barreda, el ex presidente manchego, de quien no se conocían sus inclinaciones hacia Chacón: ahora se sabe también que fue compañero de su marido en sus tiempos mozos en Ciudad Real. Finalmente, está el grupo afín a Chacón en el PSC, compuesto finalmente por José Zaragoza, Daniel Fernández y Teresa Cunillera.
Una parte de la estrategia de la candidatura de Chacón se diseña fuera del partido. Así lo confirma un alto cargo que es militante por Madrid: “Luis Arroyo me llamó para colaborar con la candidatura. Me comentó que podría ir en las listas de Tomás Gómez, pero que esas listas iban a terminar apoyando a Chacón. Me dijo con toda crudeza que Gómez iba a adoptar inicialmente una estrategia de distanciamiento respecto a Chacón porque era lo que más les convenía a los dos”. ¿Quién es Luis Arroyo? Un hombre de Miguel Barroso, otro experto en comunicación política, colaborador suyo en numerosas ocasiones y ex jefe de gabinete de Chacón en el Ministerio de Vivienda.
Luis Arroyo trabaja fuera del PSOE. Como lo hace Miguel Barroso: “Todo lo reduce a una buena frase y una gran sonrisa”, dice un miembro del partido. “Se hizo secretario de Estado para montar un emporio de comunicación a costa de dar muchos problemas al PSOE y al Gobierno; y ahora, los propios medios a los que impulsó han acabado en manos de Planeta (La Sexta) y en suspensión de pagos (Público)”. Uno de los más beneficiados por el Gobierno de Zapatero y la gestión de Barroso es el empresario Jaume Roures, principal accionista de la productora Mediapro y la compañía Imagina, entre otras. Pues bien, una de sus empresas produce la señal que ofrece a las televisiones las imágenes de los actos de la campaña de Carme Chacón. “Sabemos que enviar esa señal por satélite cuesta entre 10.000 y 12.000 euros por mitin”, reconoce un miembro de la ejecutiva, “y lo que podemos asegurar es que ese dinero no lo paga el partido, desde luego”. Barroso es actualmente consejero delegado de la multinacional Yong & Rubicam, una de las grandes agencias de publicidad, empresa que participa también en el accionariado de Imagina. Aunque siempre ha hecho ostentación de saber separar entre su actividad privada y su parcela política, la compañía ha realizado muchas campañas institucionales aprobadas por el Gobierno central o las autonomías socialistas. Una de las últimas, contratada por el Principado de Asturias cuya gestión fue facturada a través de terceras empresas, que es un procedimiento habitual para evitar incomodidades.
Y fuera está también el siempre enigmático Javier de Paz (1958), un hombre que entró en las Juventudes Socialistas a los 15 años, donde alcanzó la secretaría general en 1984, y terminó siendo un alto ejecutivo de Telefónica, un profesional con las espaldas cubiertas “sin haber hecho un negocio ni haber creado una sociedad”, como gusta decir entre sus amistades. Javier de Paz es el amigo de Zapatero, su contacto con la élite empresarial, su hombre para ocasiones especiales, el compañero en los momentos difíciles, como cuando le acompañó en el coche oficial a la sede de Ferraz la amarga noche de las últimas municipales. La relación entre ambos alcanza a sus respectivas parejas: la esposa de Javier de Paz, Ana Pérez Santamaría, ha ejercido como jefa de gabinete de la mujer de Zapatero desde su llegada a Moncloa.
De Javier de Paz no se conocen grandes acciones, ni grandes declaraciones ni actividades extraordinarias, ni siquiera que haya pasado de primer curso en sus estudios de Derecho. Es un hombre que ha hecho carrera desde tiempos de Felipe González, más fuera del partido que dentro. Ha sido director general de Comercio Interior, vicepresidente de la SEPI entre 1993 y 1996 y consejero de multitud de compañías, entre ellas de Tabacalera. Natural de Valladolid, es la persona que acompaña a Zapatero cuando este se instala en Madrid con su familia en el año 2000. De esa primera asistencia surge la amistad, que es recompensada: a los dos meses de llegar Zapatero al Gobierno, Javier de Paz es nombrado presidente de Mercasa, una sociedad pública. Y meses antes de que se celebren las elecciones de 2008 es fichado por Telefónica, donde entra en el Consejo de Administración de la empresa y preside su filial Atento entre otras. Según algunas fuentes, Javier de Paz ocupa actualmente 14 cargos en diferentes consejos, 11 de ellos relacionados con la telefonía.
Javier de Paz niega toda participación en la campaña: “No tengo influencia porque no participo de la vida orgánica del partido. No tengo información. No tengo nada que ver con todo esto. Soy amigo personal de Zapatero. Tengo una vida profesional y mis opiniones. Pero, vamos, sobre mí se ha creado una leyenda que sobrepasa todas las cosas. Soy amigo de Chacón, pero también de Rubalcaba. No participo en esta historia”.
Chacón se presenta como un proyecto de renovación para el partido. Sus mensajes están repletos de eslóganes, de frases precocinadas. Es una campaña muy preparada, mucho más elaborada que la de Rubalcaba a ojos de cualquier experto. No hay elementos de fondo ni discursos programáticos ante los militantes: Carme se dirige a las bases a la cara, apela a los sentimientos, a la promesa de un futuro mejor. Chacón ha repetido el mismo esquema en todas sus intervenciones: ha apelado al coraje, a la valentía de los militantes. Las frases se repiten ciudad por ciudad: “El socialismo es una casa y una causa que no tiene fronteras”, “a lo único que tenemos que tener miedo es al inmovilismo”, “ni un paso atrás en derechos de las mujeres”, “no hay que contar militantes, sino que los militantes cuenten”, “hay que recargar el partido”, “hay que poner el partido en forma”, “os invito a un tiempo nuevo”.
Y en todas sus intervenciones, apenas hay una crítica a la acción de Gobierno. Todos son elogios a la herencia recibida de Felipe González y, sobre todo, de Rodríguez Zapatero.
Sábado 7 de enero. Hotel Beatriz de Toledo. José Bono y José María Barreda están sentados uno al lado del otro, sin mirarse. Hablan y no se dirigen la mirada un solo momento. Se dan leña el uno al otro. Reproches. Se trata de ponerle un apellido a la derrota. Bono se queja de que no fue suficientemente defendido en su tierra por el acoso al que fue sometido a causa de su patrimonio. Le reprocha a Barreda tres portadas del diario Público. Barreda recuerda dolorosas herencias como la del hundimiento de la Caja Castilla-La Mancha o el desastre del aeropuerto de Ciudad Real. El debate es puro ajuste de cuentas, pero no llegan a mirarse a la cara. Y eso que están pegados el uno al otro. Hay gente que se va. Cuando acaba la sesión, casi dos terceras partes de los asistentes se habían marchado anticipadamente.
Ese mismo fin de semana, hubo también comité en Extremadura. Las noticias que llegaban de allí eran idénticas: Rodríguez (Ibarra) y Fernández (Vara) dándose caña el uno al otro. Al sur, Griñán no consigue hacerse con los mandos y cada fin de semana se encuentra con un altercado. “Se ha perdido mucho músculo”, dice un veterano diputado. “Había agrupaciones que no querían que se incrementara el número de afiliados. Es la primera vez que el PP tiene significativamente muchos más afiliados que nosotros. Ha desaparecido el miedo a votar a la derecha. La gente no va a respetar las delegaciones de votos. Hay un estado de desánimo no superado”, añade.
Así está el PSOE. En esas condiciones se celebra un congreso que debe tratar de levantar el ánimo general. El pronóstico es incierto, entre otras cosas porque son muchos los que piensan que hay menos aparato que nunca. El juego de alianzas puede dar sorpresas, salvo en un caso: el apoyo de los catalanes a Chacón. “Los delegados del PSC (101) pueden acabar decantando la elección”, asegura un buen conocedor del aparato del partido. “Siempre han tenido mucho peso, pero la diferencia ahora es que la candidata es uno de los suyos”, agrega. Son ventajas de la candidatura de Chacón, que ejerce de falsa modestia con la excusa de su juventud frente a su experto adversario: cuenta con un territorio que le apoya (Cataluña), una candidatura cocinada hace mucho tiempo, un diseño profesional con mayor despliegue de medios técnicos y económicos y unos apoyos externos poco identificados. La cuenta atrás ha empezado.

domingo, 29 de enero de 2012

FASCISMO Y PROVOCACION

EL PAIS

Martín Villa recuerda la semana de enero 1977 en que España estuvo al borde del abismo


Solamente en aquellos días de enero vi seriamente amenazada la Transición”. Quien lo dice tiene sobrados argumentos para hacer tan rotunda afirmación. Es Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación en 1977, quien entonces, hace ahora 35 años, hubo de hacer frente a una ofensiva criminal que colocó a la naciente democracia al borde del precipicio. A esa situación se llegó por la concatenación de episodios como los secuestros de Antonio María de Oriol y del general Emilio Villaescusa, el asesinato de los abogados laboralistas de la calle de Atocha, la muerte del estudiante Arturo Ruiz por disparos de un ultraderechista y la muerte de la joven universitaria María Luz Nájera al ser alcanzada por un bote de humo de la policía antidisturbios. España iba de sobresalto en sobresalto tras los “cuarenta años de paz” de la propaganda de régimen franquista.

A sus 77 años, Martín Villa conserva una lucidez y una memoria prodigiosas. Recuerda nombres y fechas con precisión. Es un magnífico guía para recorrer de su mano aquellos intrincados —y delicados— acontecimientos. Ministro de Relaciones Sindicales en el primer Gobierno de la monarquía presidido por Carlos Arias Navarro, fue llamado de nuevo al Ejecutivo encabezado por Adolfo Suárez, quien le asignó una cartera “de primera”: nada más y nada menos que la de Gobernación. Así, con solo 42 años, se convirtió en personaje clave de la Transición.

“En ese primer Gobierno de Suárez se hicieron las grandes transformaciones que luego consagraría la Constitución”, afirma. Y el Ministerio de la Gobernación era un macrodepartamento del que dependían la seguridad pública, la política de la Administración local y la administración de las libertades ciudadanas (asociación, reunión y manifestación). Ese Ejecutivo, encabezado sorpresivamente por Suárez, estaba formado por personas que, excepto cuatro militares, no habían participado en la Guerra Civil, aunque muchos de ellos sí habían tenido puestos destacados en la dictadura del general Francisco Franco.


Funeral por los abogados laboralistas asesinados en la calle Atocha de Madrid. / MARISA FLÓREZ

El Gabinete de Suárez, constituido en julio de 1976, disfrutó de una muy relativa calma hasta el 4 de octubre siguiente. Ese día, ETA asesinó a tiros en San Sebastián a Juan María de Araluce Villar, presidente de la Diputación de Gipuzkoa, junto con su chófer y tres policías de escolta. Al funeral por las víctimas asistieron miles de personas, entre ellas Martín Villa, que tuvo que salir por una de las puertas laterales del templo, mientras un grupo de exaltados cantaba el Cara al sol entre gritos de “Ejército al poder”. Sería la primera vez que el ministro tuviera que afrontar una situación tan cargada de tensión.

“No éramos un Gobierno democrático, sino salido de la legalidad franquista. Y además, seguramente éramos sospechosos de no ser capaces de garantizar el orden y la seguridad pública”, rememora hoy el entonces ministro. Este se extiende después en un largo análisis de la evolución política antes de llegar a los días del invierno de 1976 en que España estuvo al borde del abismo. Una fecha clave fue el 8 de septiembre de ese año, cuando el presidente Suárez se reunió con la cúpula militar para, entre otras cosas, sondear su posición ante una eventual legalización del Partido Comunista de España (PCE).

El 12 de noviembre de 1976 hubo una huelga general convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (entre ellas CC OO, UGT y USO). “Era una huelga política. Yo creía que había que ser beligerante y que el Gobierno debía hacer todo lo posible por que el país funcionara ese día. La Administración funcionó y la huelga fue un fracaso. Eso era muy importante porque vino a demostrar que el Gobierno era capaz de mantener el orden y hacer que el país funcionara con normalidad”, recalca Martín Villa. Según él, esa imagen de firmeza y eficacia era muy importante para convencer a la ciudadanía de que Suárez tenía todo bajo control y que era merecedor de la confianza popular.

“Ningún Gobierno tiene por qué hacer frente a una huelga general, pero en aquel caso era importante hacerlo para evitar que los ciudadanos de mayor edad asociaran esa situación con el recuerdo histórico de cosas que ocurrieron en la Segunda República porque algunos de sus Gobiernos no supieron mantener el orden”, añade.


Antonio María Oriol leyendo EL PAÍS en uno de los pisos en los que estuvo cautivo durante su secuestro. / REVISTA NOTICIAS

El 11 de diciembre, un comando de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) hizo “prisionero” a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. Un auténtico torpedo en la línea de flotación lanzado por un nuevo y minúsculo grupo de ultraizquierda que nuevamente puso en jaque al Ejecutivo. El secuestro produjo una reacción sorda, pero dura, del mundo político, lo cual puso otra vez más al jefe del Ejecutivo contra las cuerdas.

El 15 de diciembre, el referéndum para la reforma política proyectada por Suárez obtiene un respaldo mayoritario del pueblo, señal inequívoca de que este quería avanzar hacia la democracia a pesar de todas las dificultades.

Pero España vivía al borde del infarto. Para más inri, cientos de policías y guardias civiles se echaron a las calles de Madrid el 17 de diciembre en demanda de un salario digno y su inclusión en el sistema de Seguridad Social. Ante este nuevo pulso, el Gobierno reaccionó con un gesto de firmeza destituyendo a toda la cúpula policial. Mariano Nicolás García, entonces gobernador civil de Valencia, fue designado director general de Seguridad; el general Antonio Ibáñez Freire fue nombrado jefe de la Guardia Civil y el general José Timón de Lara fue llamado como inspector de la Policía Armada (los famosos grises).

Las tensiones nos acompañaban desde que ETA mató a Araluce, afirma el exresponsable de Gobernación

Horas antes de ser destituido de director general de Seguridad, Emilio Rodríguez Román había almorzado con Martín Villa y le había anunciado que ese mismo día iba a ser detenido el secretario general del ilegal PCE, Santiago Carrillo. En efecto, fue arrestado el 22 de diciembre cerca de la calle de López de Hoyos de Madrid, cuando iba disfrazado con una peluca.

“Las tensiones nos acompañaban desde el asesinato de Araluce y sus escoltas. Yo no tenía experiencia en el mando de policías y guardias civiles, excepto la poca que tuve siendo gobernador civil de Barcelona en 1974”, evoca hoy Martín Villa. El secuestro de Oriol era una prueba de fuego para él. Estaba un tanto desorientado sobre cómo pilotar las investigaciones y así se lo confió a Mariano Nicolás, recién nombrado director general de Seguridad.

“Mariano me dijo que la investigación estaba llevándose de forma desorganizada y que hacía falta alguien que la encauzara. Me habló de que él conocía a alguien que podía hacerlo”. Era el comisario Roberto Conesa, entonces jefe superior de Policía de Valencia, que durante muchos años había sido jefe de la franquista Brigada Político-Social y conocido cazarrojos. “Conesa recondujo las pesquisas y pronto empezó a haber pistas sobre un piso donde Oriol había estado secuestrado”, dice el exministro.


María Luz Nájera, también estudiante, que pereció al ser alcanzada por un bote de humo de los policías 'antidisturbios' mientras protestaba por la muerte de Arturo.

Dicen los pesimistas que si hay algo susceptible de empeorar, lo más probable es que empeore. Y esta máxima se cumplió para agravar aún más la situación que padecía la débil e incipiente democracia española. El 23 de enero de 1977, mientras Oriol seguía en poder de los GRAPO, un pistolero ultraderechista asesinó a sangre fría al estudiante Arturo Ruiz, de 19 años, cuando participaba en una manifestación proamnistía en la céntrica Gran Vía madrileña.

Al día siguiente, María Luz Nájera, una veinteañera universitaria, falleció tras recibir en la cara el impacto de un pesado bote de humo lanzado por los antidisturbios para disolver a palos la manifestación convocada en la misma Gran Vía en protesta por el asesinato de Arturo Ruiz. Un nuevo quebradero de cabeza para el Gobierno de Suárez, que parecía acorralado por los acontecimientos, como si una mano negra moviese los hilos para desestabilizarlo.

Solo 24 horas después, otro terremoto sacudía a la sociedad desconcertada: el teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, era secuestrado a las puertas de su domicilio de la calle de O’Donnell, número 49. Los GRAPO, que mantenían en su poder a Oriol, se hacían con un segundo rehén. El golpe hizo crujir las cuadernas del frágil barco —la balbuceante democracia— que pilotaba Suárez. “El secuestro de Villaescusa tensó mucho la cuerda. Eso afectaba no solo al mundo político, sino también al militar”, confiesa ahora Martín Villa.

No estaba tan claro que la policía quisiera detener a los asesinos de los abogados, revela el exministro Martín Villa

Pero aquel día no acabaría ahí. Porque apenas 12 horas más tarde, la sangre volvió a correr por las calles de Madrid. Un grupo de pistoleros ultraderechistas irrumpió en un despacho de abogados laboralistas de la calle de Atocha y abrió fuego a discreción. En aquel atentado fallecieron los abogados Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal, y resultaron heridos de gravedad Alejandro Ruiz Huertas, María Dolores González, Luis Ramos y Miguel Sarabia.

“Fue una semana absolutamente negra”, reflexiona el ex ministro de la Gobernación. Y cuando uno vuelve la vista atrás le recuerda ante los periodistas nervioso y casi desencajado, con sus gafas resbalando constantemente por su nariz a causa del sudor. “Ayer, Madrid llegó a sufrir un amago —¿solo un amago?— de noche de los cuchillos largos. Asistimos a una conspiración contra el Estado”, señalaba un editorial publicado en la portada de EL PAÍS. Y añadía: “La transformación por vía pacífica de la dictadura en una democracia hubiera sido insólita y hubiera pasado a los anales de la ciencia política. Era necesario, para algunos, intentar dinamitarla, y esta operación es a la que estamos asistiendo”.

“Que la policía quería localizar a Oriol y Villaescusa estaba fuera de toda duda, pero que quisiera detener a los asesinos de los abogados laboralistas no estaba tan claro”, admite Martín Villa al cumplirse el 35º aniversario. Juan José Rosón, en aquella época gobernador civil de Madrid, le recomendó que encomendara esta investigación al comisario Francisco de Asís Pastor, no al superagente Conesa.

Al entierro de los abogados asistieron cientos de miles de personas. Fue un acto ejemplar, un clamor silencioso en pro de la libertad y la democracia. Hasta el Rey estuvo presente en aquel evento: lo hizo sobrevolando a la multitud en helicóptero, según reveló hace un año el ex ministro socialista José Bono.


Arturo Ruiz, el estudiante que murió de un disparo efectuado por un ultra en una manifestación a favor de la amnistía. / EFE

Ese clima de crispación política y social obligaba al titular de Gobernación a trabajar 24 horas al día. Dormía en el ministerio cubierto con una manta que le prestaron los guardias civiles de escolta. “Aquellos días de enero vi seriamente amenazada la Transición”, reflexiona hoy. Él dice que estaba volcado en el trabajo y que nunca fue consciente de que los entonces llamados poderes fácticos presionaran al presidente Suárez. “Pero tengo la impresión de que los militares pidieron al Rey que me quitara del cargo”, revela por primera vez, aunque jamás tuvo la constatación.

“Éramos un Gobierno no democrático, sino surgido de la legalidad franquista, pero que íbamos tras la democracia”, dice Martín Villa. “Éramos sospechosos de ser incapaces. Y yo, el ministro del ramo de la seguridad, estaba jodido”, agrega.

Sin embargo, el 11 de febrero de 1977, festividad de la Virgen de Lourdes, empezó a verse la luz al final del túnel negro en que había entrado la Transición. Los hombres del superagente Conesa lograron liberar a Oriol en un piso de la calle de San Claudio de Vallecas y al general Villaescusa en un inmueble de la calle de Sierra de Alcubierre en Alcorcón (Madrid), donde estaban retenidos por los GRAPO.

“Había sectores políticos que desconfiaban de que fuéramos a resolver el caso Atocha”, dice el ex ministro. Pero un mes después, los policías al mando del comisario Pastor apresaron a los homicidas. Todos ellos ultraderechistas muy significados.

“La captura de los asesinos de Atocha hizo que los grupos ultraderechistas se vinieran abajo”, sostiene Martín Villa. Este, a la par, emprendió otra tarea que él considera “muy importante”: alejar poco a poco a los militares de los puestos de decisión que tradicionalmente venían ocupando en la policía y la Guardia Civil.

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 —más de 40 años después de las últimas celebradas en España— suponían que los españoles volvían a decidir en las urnas su destino. Entre el fuego cruzado de los grupos de ultraderecha y los de ultraizquierda, los ciudadanos apostaron por la moderación al primar a los partidos de centroderecha y centroizquierda. Adolfo Suárez, al frente de la Unión de Centro Democrático, se convirtió en presidente con 166 diputados, mientras que el PSOE de Felipe González lideraría la oposición desde sus 118 escaños. Martín Villa seguiría al frente de las fuerzas de seguridad desde el nuevo Ministerio del Interior.

Tras los esfuerzos en pro de la reconciliación nacional promovidos por el Ejecutivo —hubo tres amnistías—, España navegaba hacia la normalización, pero la travesía aún tendría muchas turbulencias: la furibunda actividad de ETA y los GRAPO, la sangrienta oleada criminal de grupos neofascistas en 1980 y, finalmente, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pese a todos esos seísmos, la democracia triunfó.


JUSTICIA Y SUS SEÑORIAS

Cuando su señoría es el sancionado (o no)



EL PAIS.-



Magistrados con graves infracciones no son castigados por una cuestión de plazos

La salud mental no se controla ni en el ingreso ni durante el ejercicio del cargo

El Poder judicial no hace públicas desde hace años las resoluciones disciplinarias

Juan de Dios Anguita juzgó casos en los que se dirimían importantes intereses económicos que les afectaban directamente a él y a su esposa. El Consejo General del Poder Judicial lo sancionó con una suspensión de 12 años por no abstenerse en esos procedimientos y por ejercer actividades empresariales incompatibles con la de juez. Pero el Tribunal Supremo anuló la decisión un año después, en diciembre de 2010. Consideró que se había tardado demasiado en sancionarlo, que se habían sobrepasado los plazos legales, e incluso reconoció su derecho a ser indemnizado. El juez, titular del juzgado de primera instancia número 4 de Málaga, volvió a impartir justicia. No era la primera vez que el Supremo enmendaba la plana al Poder Judicial para favorecer a Anguita. El tribunal le rebajó en 2006 otra suspensión de tres meses a uno por desatender sus asuntos, y en 2003 le anuló otra por abandonar su puesto de trabajo. Tras su último regreso, fue jubilado por incapacidad en septiembre de 2011.

El presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, asesoró jurídicamente a un narco y trató de convencer a sus compañeros de tribunal para que lo dejaran en libertad, según la resolución del Consejo que lo apartó de la carrera. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo condenó por negociaciones prohibidas a los funcionarios. Pero el Supremo lo absolvió más tarde porque consideró que su asesoramiento no había tenido la suficiente entidad. Martín volvió a su puesto entre los elogios de algunos de sus compañeros, aunque no permaneció en él ni dos meses. El Consejo lo expulsó días antes de su jubilación. El Supremo tendrá, posiblemente, la última palabra.

Rafael Tirado


En su juzgado se traspapeló el expediente de Santiago del Valle, que debía estar en prisión por un delito de abusos sexuales. El descuido permitió que este matara a la niña Mariluz. Multa de 1.500 euros.

De la utilización del cargo para el propio beneficio económico a la dejación absoluta de funciones que causa el desgobierno de juzgados y tribunales. Del insulto a casos flagrantes de acoso laboral o a la utilización del juzgado para engrasar y acelerar las gestiones personales más cotidianas. La juez de Úbeda María Dolores Barragán, por ejemplo, abrió diligencias penales contra una perfumería porque no quisieron cambiarle una colonia que había comprado. El castigo para ella fue un año de suspensión. El caso de Barragán está entre los centenares que recoge el repertorio de resoluciones disciplinarias redactadas por el Poder Judicial en los últimos años, que revela actuaciones manifiestamente ilegales de jueces realizadas en acto de servicio. Infracciones cometidas por los que mejor conocen el derecho y los límites que les impone.

Adelina Entrena


La juez de lo Penal de Motril mantuvo encarcelado 455 días a José Campoy, al que había absuelto de robo. El Consejo constató su descontrol sobre los reclusos. Expulsada.

Los resultados provisionales de un informe de la ONG Transparencia Internacional sobre España, hechos públicos esta semana, son preocupantes. El documento califica como uno de “los puntos débiles más importantes” del sistema judicial “la débil rendición de cuentas existente en la práctica”. “Los jueces actúan normalmente con ética, responsabilidad y rigor, pero la irresponsabilidad, corrupción e ineficiencia no son suficientemente sancionadas”, señala el informe, que habla también de la “fuerte politización” del órgano de gobierno de los jueces y de los nombramientos de los miembros de los tribunales de más alto rango: “Existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores del sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos”. Algo que, junto al fuerte corporativismo, está también relacionado con el modo en el que los jueces se imponen las sanciones entre sí.

Francisco Javier de Urquía


Recibió 73.800 euros del cerebro del caso Malaya. El Supremo lo absolvió de prevaricación y permitió su vuelta. Está suspendido porque se le investiga por otro soborno.

Cada caso es grave, porque los jueces ejercen un poder del Estado: el judicial. En sus manos están algunas de las decisiones más trascendentes para la vida de los ciudadanos. Las toman cada día. No es solo la libertad o la prisión, en asuntos penales, o la protección de las mujeres maltratadas. Juzgados y tribunales aplican la ley para resolver sobre matrimonios, divorcios, despidos, herencias, pensiones, quiebras… La aplican a todo salvo, a veces, a sí mismos. Casos como el de Anguita o Martín ayudan a extender ese estado de opinión.

Quizá por ello, el Poder Judicial ha optado en los últimos años por una política de opacidad que impide conocer sus resoluciones disciplinarias (solo se hace público el fallo de los expedientes más sonados) que, hasta 2004, se publicaban en un libro que salvaguardaba la intimidad omitiendo los datos personales. Ahora no se facilitan ni a través del gabinete de prensa, que sí ofrece, sin embargo, los datos generales. EL PAÍS ha revisado los acuerdos del pleno y de la comisión disciplinaria desde 2004 hasta finales de 2010. Los miembros del Consejo consultados se niegan a valorarlos.

Fernando Ferrín Calamita


Frenó una adopción por una pareja de lesbianas, lo que le valió una condena por retardo malicioso. El Supremo agravó su pena. Apreció prevaricación. 10 años de inhabilitación.

Entre 2008 y el tercer trimestre de 2011 (la fecha de las últimas estadísticas), el Poder Judicial inició 5.979 investigaciones contra jueces y magistrados, según cifras de la institución. De todas ellas, 204 (el 3,4%) originaron expedientes disciplinarios, de los que 126 terminaron en sanción (el 2,1%). En todo ese período, solo un magistrado (José Antonio Martín) fue expulsado de la carrera. Los castigos más duros —los previstos para las faltas que la ley califica de muy graves— se reparten entre 23 suspensiones temporales de funciones y un traslado forzoso. Conductas graves que, en muchos casos, provocarían la dimisión de cualquier miembro de otro poder del Estado, como ministros o diputados, en el caso de los jueces se zanjan con dos o tres años fuera de la carrera, tras los cuales vuelven a vestir la toga e impartir justicia. En el campo penal, los reproches también son escasos. Un vistazo al repertorio de sentencias del Supremo arroja ocho condenas por prevaricación desde 1998, y los fallos de los tribunales superiores de justicia en los últimos ocho años contra jueces y fiscales por este delito rondan la treintena.

José Antonio Martín


Asesoró jurídicamente a un narco y trató de que sus compañeros de tribunal lo dejaran en libertad. El Supremo lo absolvió, pero el Poder Judicial lo expulsó.

Marbella. 1999. Pilar Ramírez no podía ejercer como juez en ese municipio de menos de 100.000 habitantes en el que su hermano y su padre tenían importantes intereses económicos en la zona. Pero lo hacía. Y participó en asuntos en los que era parte el Ayuntamiento, gobernado entonces por Jesús Gil, a pesar de que su familia había firmado convenios urbanísticos de gran cuantía económica con el Consistorio, que casualmente resultó muy beneficiado por la actuación de Ramírez. El Consejo la expulsó de la magistratura. Tres años después, el Supremo entendió que los hechos no eran tan graves como para merecer la expulsión, a pesar de reconocer el “ostensible y profundo ataque a la imparcialidad judicial”, y rebajó la sanción a una suspensión de cuatro años. La magistrada se reincorporó en 2003. Hoy imparte justicia en Torremolinos.

Pilar Ramírez


Benefició al Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Jesús Gil y, de paso, a las empresas de su padre. Fue suspendida por cuatro años. Sigue impartiendo justicia.

Siete años después, la historia se repite en el mismo partido judicial. Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya —la trama de corrupción destapada en Marbella en el posgilismo— entregó 73.800 euros a Francisco Javier de Urquía. A cambio, Roca le pidió que prohibiera la emisión del programa Misión Imposible: Operación JAR, sobre el enorme patrimonio acumulado por el exasesor de urbanismo. El juez cumplió su palabra. Dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo condenó por cohecho a dos años de cárcel (que no tuvo que cumplir) y a 17 de inhabilitación por prevaricación, pero unos meses después, la Sala Penal del Supremo le absolvió de este último delito, que le hubiera apartado casi definitivamente de la carrera. El pasado diciembre, otra sala del alto tribunal, la de lo Contencioso, permitió al juez reincorporarse. Aunque tuviera antecedentes penales. Haber delinquido, según los magistrados, impide entrar en la carrera, pero no volver a ella tras una suspensión. Urquía, sin embargo, seguirá apartado porque ha sido juzgado de nuevo por cohecho y prevaricación en otro asunto de corrupción también instruido por él, el caso Hidalgo.

Cuando hay sanción disciplinaria, en algunos casos los jueces ni siquiera llegan a cumplirla. Y no porque no hayan cometido los hechos o estos no hayan sido castigados, sino por un problema de plazos. El tiempo legal para resolver los expedientes disciplinarios es de seis meses, “lo que ciertamente contrasta con el plazo de 12 meses adoptado para los expedientes relativos a los secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia”, reconoce el propio órgano de gobierno de los jueces en una resolución del 15 de abril de 2009. No son pocos los supuestos en los que gravísimas conductas han quedado sin sancionar porque el Supremo consideró que el expediente no se resolvió a tiempo. Ese plazo tan exiguo azuza las estrategias de los expedientados, que suelen obstaculizar las investigaciones dilatando los trámites hasta el límite. A veces son los propios instructores, actuando de forma corporativa, los que no dan la agilidad necesaria a sus pesquisas, según reconocen fuentes del gobierno de los jueces.

Ocurrió, por ejemplo, con Coro Cillán, de nuevo investigada por el Poder Judicial. Es un ejemplo de juez sancionada reiteradamente que continúa impartiendo justicia. Cuando era magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa, se le impuso una multa de 600 euros por retrasos reiterados y graves en 1999. No dictaba sentencia o lo hacía injustificadamente tarde —en algún caso, más de tres años después de la vista—. La sanción no le hizo cambiar de actitud. En 2002, el Consejo tenía de nuevo sobre la mesa un expediente por hechos similares. El fiscal y el instructor pedían su expulsión de la carrera “por los perjuicios causados a los particulares, la forma del retraso y los modos empleados para intentar ocultarlo” y “para evitar que vuelvan a producirse en el futuro hechos similares, con grave daño y reiterado para la administración de justicia”.

El Supremo anuló la suspensión de 12 años del juez Anguita por juzgar asuntos en los que tenía intereses

El Poder Judicial, aún admitiendo que los hechos eran “especialmente graves”, decidió que no tenían “la entidad suficiente como para acudir a la máxima sanción”, e impuso dos años de suspensión a Cillán. Un año más tarde, ese órgano se encontró de nuevo ante “retrasos injustificados, reiterados y muy graves” y la suspendió un año más, por la “trascendencia y repercusión social de su comportamiento”. El Supremo anuló la primera de las resoluciones sancionadoras tras considerar que no se habían respetado los plazos de caducidad. La segunda suspensión la dejó en una multa de 1.800 euros porque las dilaciones, según el tribunal, no habían tenido “una incidencia especialmente perturbadora en la marcha general” de su juzgado.

Un desgobierno similar, fraguado durante los casi 10 años que tardó el Consejo en actuar, reinaba en el juzgado central 4 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. El órgano de gobierno de los jueces sancionó a su titular, Manuel Arce, cinco veces desde 2001 por atascar el juzgado y no resolver. También se le abrieron dos expedientes más por faltas de respeto a sus funcionarios que, en algunos casos, rayaban en el acoso laboral. Arce se hacía llamar por todos “señoría ilustrísima” mientras se dirigía a sus funcionarios llamándoles “feo”, “calvo” o “gordo”.

El ambiente de “tensión y miedo” provocó que 24 funcionarios pidieran el traslado. Dos de ellos y la secretaria judicial requirieron tratamiento psiquiátrico a causa del acoso del juez, que los trataba a gritos y los amenazaba con “empaquetarlos” con expedientes. Sus malos modos también los sufrieron letrados, abogados del Estado y procuradores, y él mismo confesó que llegaba al juzgado entre las dos y las tres de la tarde. Pero el Consejo dejó el asunto en una multa de 8.000 euros que después el Supremo le levantó. Como en el caso de Cillán, el expediente había caducado, según el tribunal. El órgano de gobierno de los jueces no inició los trámites para inhabilitar a Arce hasta 2010, tras su última suspensión, cuando acumulaba ya más de 500 causas sin resolver.

Entre 2008 y 2011 se estudiaron casi 6.000 quejas contra jueces. Fueron sancionados 126 (el 2%), y expulsado uno

Juan de Dios Anguita también se benefició del corto plazo para resolver los expedientes de los jueces. El magistrado de Málaga fundó con su mujer una sociedad, Propiedades Pantie, con la que compró 18 viviendas de una promoción inmobiliaria. Como esta no funcionó, revendió las casas a la sociedad a las que se las había adquirido, Sherry Mirador. Para hacer frente al pago, la empresa hipotecó una finca sobre la que pesaban algunos embargos. El juez participó en varios procedimientos contra Sherry Mirador que afectaban a la deuda que él quería cobrar, y en uno de ellos invitó a las partes a llegar a un acuerdo “no sin cierta presión interesada”, según el Poder Judicial, que lo sancionó por seis faltas muy graves —no abstenerse en cinco ocasiones sabiendo que debía hacerlo y ejercer actividades incompatibles con la condición de juez— a 12 años de suspensión de funciones. El Supremo lo anuló todo porque el procedimiento se había demorado demasiado.

Sucedió igual en el caso de José Manuel Raposo. El juez utilizó el poder que le daba el Estado para sus asuntos personales. Su Fiat Coupé 130, un modelo lanzado en 1969, no pasaba la ITV. Tras hacer las reparaciones que se le exigían, a la tercera, superó la inspección. Pero al día siguiente mandó desde su juzgado un fax reclamando, en el plazo de cinco días, 18.000 euros por daños y perjuicios. “Estoy en condiciones de garantizarle que su vida dejará de ser algo agradable en los próximos meses e incluso años”, decía al jefe de inspección de la ITV en su escrito, al que amenazaba con “toda suerte de reclamaciones, demandas y querellas” en caso de que no le abonara la cantidad. El Consejo lo suspendió por 12 meses en 2004, pero el Supremo anuló la sanción porque el expediente había tardado más de seis meses.

Hay casos similares. A pesar de ello, no todas las asociaciones de jueces están de acuerdo en revisar el plazo del procedimiento. La asociación moderada Francisco de Vitoria cree que es un período más que suficiente que no hay que tocar, según su portavoz José Luis González Armengol. “Si se aumenta el tiempo de la caducidad, seguirían produciéndose disfunciones”, coincide la magistrada de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Teresa Sáez. “Tampoco se pueden mantener abiertos los expedientes ad aetérnum”. Discrepa la progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, José Luis Ramírez, opina que el plazo es insuficiente, sobre todo en algunos casos: “El juez, en un Estado democrático, tiene que responder por sus actos, y seis meses es poco para investigar según qué expedientes. Hay supuestos muy distintos y algunos exigen una instrucción más amplia que otros. Por otro lado, no tiene sentido que los plazos sean más cortos para los jueces que para los fiscales o secretarios judiciales”.

Las sospechas sobre la impunidad de algunos comportamientos objetivamente ilegales se disparan por el hecho de que son los propios jueces los que se juzgan a sí mismos. Las faltas graves las sanciona la comisión disciplinaria del Poder Judicial. Después, en recurso, decide el pleno de ese órgano, que es también el encargado de enjuiciar las muy graves. Catorce de los 21 miembros de la institución son magistrados de carrera. Los sancionados, además, recurren sistemáticamente ante el Supremo, que toma la última decisión. Así que las irregularidades se dirimen entre compañeros.

Un caso paradigmático que multiplicó las acusaciones de corporativismo fue el del juez sevillano Rafael Tirado, que no envió a prisión a Santiago del Valle, condenado en firme por abusos sexuales, hasta que se descubrió que este había asesinado a la niña Mariluz Cortés. El expediente se había traspapelado. Frente al clamor popular y la petición del fiscal para que fuera suspendido, el Consejo le impuso 1.500 euros de multa. En esa ocasión, la tradicional división entre progresistas y conservadores en ese órgano se convirtió en una fractura entre los vocales procedentes de la carrera (14) y los elegidos entre otros cuerpos jurídicos (7). Los primeros impusieron la sanción económica frente a dos fiscales y tres abogados partidarios de la suspensión. El Supremo bendijo la multa.

Manuel Arce acumuló durante 10 años 500 asuntos sin resolver, antes de que se inciara su inhabilitación

Otras veces, el alto tribunal reduce las sanciones del Consejo. Ángel Luis del Olmo fue castigado con multa de 7.500 euros en 2008 por abuso de poder y desconsideración con sus funcionarios. El juez, destinado en Talavera de la Reina (Toledo) provocó entre los trabajadores del juzgado “situaciones de humillación, angustia, temor, nerviosismo y estrés, así como de repulsión, debido a su falta de higiene y aseo personal”, según la resolución. El magistrado les lanzaba expresiones como “usted está aquí para servirme”, “la ley soy yo” o “aquí manu militari”, y cuando le replicaban, respondía con frases como “por mis cojones” o “aquí mando yo”. “Los funcionarios no podían soportar su hedor corporal y su falta de limpieza, o que se hurgara de manera indecorosa en los pies, los oídos, la nariz o les salpicara con la saliva”, relata el acuerdo. “Tampoco soportaban su costumbre de orinar en los lavabos del despacho con la puerta abierta mientras continuaba dictando”, prosigue. “No es cierto que no sea higiénico. Me afeito todos los días y me pongo corbata en los juicios”, dijo Del Olmo tras conocer su sanción. “Estuve una semana sin agua, pero no es culpa mía”, añadió. Dos años después, el Supremo le rebajó la sanción a 5.000 euros.

Otro problema, no menor, es la dificultad para jubilar a magistrados con trastornos psíquicos. La salud mental de los jueces, a diferencia de otros funcionarios, no se evalúa ni antes ni después del ingreso en la carrera. Salvo que lo pida el propio magistrado —lo que no es habitual por la importante reducción de sueldo que supone—, es el Consejo el que promueve la incapacitación. El proceso es lento y complicado. Un informe del Poder Judicial fechado en 2006 hablaba de al menos 30 magistrados ejercientes con padecimientos psíquicos, y la comisión disciplinaria de este organismo pidió en febrero de 2008 que se abordara el problema porque suponía “un perjuicio para la tutela judicial de los ciudadanos”. El pleno se negó para no crear una “alarma social injustificada”.

Los casos que llegan a esa comisión son preocupantes. Una resolución de 2009 sobre una juez que acumulaba retrasos y creía que sus compañeros la perseguían asegura que, según el forense, la magistrada padecía “una situación de disminución del funcionamiento neurocognitivo e ideación delirante que le imposibilitan para la función de magistrado-juez”. La patología ya estaba presente “presumiblemente, en periodos muy anteriores”, y se habla de una depresión “de más de 15 años de evolución”. El caso acabó con la apertura de un expediente de jubilación por incapacidad, pero la magistrada juzgó durante años sin estar capacitada.

Es un secreto a voces que hay compañeros con trastornos psíquicos y que sus casos no se abordan con rapidez, dice un juez

El pleno del Consejo, en junio de 2010, resolvió el caso de una juez destinada en una Audiencia Provincial que padecía “trastorno adaptativo con reacción de ansiedad”. Le había sido diagnosticado en el verano de 2006. A partir de ese momento, pasó largas temporadas de baja, pero también otras tantas de actividad en el tribunal, durante las cuales acumulaba notables retrasos. La relación con sus compañeras de sección devino imposible. Acusó a la presidenta de la sección de ser “una choriza y una delincuente” y a otra compañera de no tener “ni puta idea”. Su psiquiatra, en un informe de 2009, alegó que tenía una “ansiedad de carácter fóbico”, y que el “simple hecho de plantearse el trabajo la desencadenaba”. El problema era que su modo trabajar era demasiado “riguroso, muy responsable y concienzudo”. Fue sancionada por el pleno con 1.800 euros de multa por una falta leve y dos graves.

En este punto están de acuerdo las tres asociaciones de jueces: hay que abordar el problema de los magistrados con trastornos psíquicos. “Es necesario potenciar los expedientes de incapacidad y dar el tratamiento adecuado a los compañeros que tienen problemas de este tipo para su propio beneficio y el de la justicia”, señalan desde la asociación Francisco de Vitoria. “La evaluación de la salud mental de los jueces debería hacerse en el momento del ingreso en la carrera y durante el ejercicio de la misma”, opina la portavoz de la APM. “Y creemos que debería llevarse a cabo a través de un sistema de prevención de riesgos laborales para jueces y magistrados”. “Es un secreto a voces que hay compañeros con anomalías psiquiátricas graves y que sus casos no se abordan con rapidez”, añade el portavoz de Jueces para la Democracia, que coincide con los demás en la necesidad de articular una regulación eficaz a través de la prevención de riesgos laborales y la instauración de controles psicológicos periódicos.

¿Creen los jueces que, en general, el sistema de rendición de cuentas funciona? “Sí”, responde González Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria. “Además de la responsabilidad disciplinaria, respondemos civil y penalmente. La gente se comporta con corrección por lo general, y el régimen disciplinario es durísimo, no blando”. “Se investigan muchísimos casos y las sanciones son duras”, contesta María Teresa Sáez, de la APM. “A veces se abren expedientes por quejas que no tienen base, y creo que en comparación con otros colectivos, respondemos por nuestras actuaciones. Es cierto que hay casos incomprensibles, que a nosotros también nos indignan porque no queremos según qué compañeros de viaje, pero no se pueden generalizar”.

Jueces para la Democracia, sin embargo, propone numerosos cambios. Aparte de aumentar el plazo para tramitar los expedientes sancionadores y controlar la salud mental de los jueces, cree que “es necesario un desarrollo reglamentario que fije los trámites del procedimiento y que tipifique de forma mucho más precisa las infracciones y la gradación de la sanción”, afirma su portavoz, José Luis Ramírez. “Todas las lagunas suponen un riesgo de arbitrariedad que debe subsanarse. La práctica, además, plantea otros problemas. La politización del Poder Judicial provoca en ocasiones que cuando el Gobierno discrepa del contenido de alguna resolución se ataque disciplinariamente al juez a través de los vocales del CGPJ elegidos por los partidos, o que determinados casos muy mediáticos que llegan a ese órgano no sean juzgados con imparcialidad”.